El incremento de 50,3% promedio en el costo de la prima GES que aplicarán las isapres a partir octubre, fue puesto en tela de juicio por el Superintendente de Salud (S), Patricio Fernández, quien señaló que el alza "nos parece desproporcionada". En este marco, advirtió que en la medida que estas alzas no sean debidamente fundamentadas por las aseguradoras, esto puede repercutir en un próximo aumento en los ya altos niveles de judicialización del sistema.
De acuerdo a la información por aseguradora, el principal aumento en el precio por aplicar las prestaciones médicas y garantías asociadas al plan AUGE lo aplicará Nueva Masvida –que subirá la prima en 77% desde 0,45 UF a 0,79 UF- seguida de Banmédica, que pasará de 0,39 a 0,59 (51%), Colmena, de 0,52 a 0,77 (48%); Vida Tres, de 0,43 a 0,63 (46%), CruzBlanca, de 0,51 a 0,74 (44%) y Consalud, de 0,44 a 0,59 (35%).
Frente a estas variaciones en el costo de las Garantías Explícitas en Salud del sistema privado, la superintendencia ofició a cada isapre para que "respondan cada precio que informan con razones y fundamentos técnicos, dado que la composición de cada cartera y la situación de cada isapre no es igual entre una y otra. Una vez que recibamos las respuestas, vamos a ponderarlas con la información que tenemos y vamos a emitir un pronunciamiento en relación a la razonabilidad, o falta de ella, de lo propuesto", explicó Fernández.
Si bien la entidad actualmente no cuenta con atribuciones para impedir la aplicación de los nuevos valores a partir del próximo mes y con vigencia por tres años, Fernández precisó que sí se puede definir que los cálculos y fundamentos usados por las isapres se limiten a las prestaciones GES, por lo que no pueden justificar por otros factores como un déficit operacional causado por otro motivo o una disminución en el número de afiliados. "A nuestro juicio, cualquier cosa que no diga relación con el GES adolecería de ilegalidad", enfatizó.
Fernández señaló que el regulador podrá estos fundamentos en conocimiento de los afiliados para que cuenten con la información necesaria para que cuenten con parámetros y se formen un criterio respecto del actuar de su isapre. "Cuando esto no parece razonable y la percepción del afiliado adolece de fundamentos claros, se van generando las situaciones de judicialización y reclamo que tienen saturado al sistema y lo tienen en una situación bastante compleja", aseveró, añadiendo que la entidad pondrá su opinión técnica a disposición de "quienes nos soliciten información" como es el caso de las Cortes de Apelaciones.
Recordó que a partir de hoy, las personas cuentan con un plazo de 60 días tanto para tomar sus decisiones en materia de afiliación y para iniciar sus reclamaciones "tal como ha sido la tendencia ante los tribunales de justicia o en los arbitrajes de la superintendencia".
Asimismo, Fernández destacó como parámetro para este análisis la variación aplicada en la prima universal GES para el sistema público, que en julio pasado subió 3% a 3,97 UF anual tras la inclusión de cinco nuevas enfermedades: cáncer de pulmón, tiroides, riñones y mieloma múltiple, más el Alzheimer. "Si bien uno entiende que esto no necesariamente debe ser replicable en el sistema privado, al mismo tiempo el alza nunca debería ser tanto más superior, como fue lo que ocurrió al parecer ahora. Entonces, necesitamos tener los fundamentos de las isapres y colocarlos en conocimiento de la población", reiteró.
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