Hasta ahora, 73 empresas se han acogido a la Ley de Incentivo Tributario para la Inversión Privada en I+D, que rige desde 2008. Una cifra que, sin embargo, debiera crecer drásticamente luego de que se aprobara la semana pasada el proyecto que modifica dicha normativa para entregar mayores incentivos y así promover la inversión privada en esa área. De hecho, el gobierno espera que 2.000 compañías ejecuten algún proyecto de I+D en un plazo de cinco años, aseguró el gerente de Emprendimiento de Corfo, Cristóbal Undurraga.
“Este era un tema que clamaban las empresas. La cantidad de contratos que se vayan a ejecutar este año dependerá de la fecha en que esté operativo el cuerpo legal, pero si logramos 100 contratos en 2012, ya será un hito importante”, aseguró.
El nuevo articulado que entrega un beneficio tributario del 35% del costo total del proyecto, permite también que las empresas puedan hacer I+D de forma interna o contratar el servicio a terceros, y triplica el tope tributario al que puede acceder una compañía al pasar de 5.000 UTM a 15.000 UTM al año, eliminando el tope del crédito de 15% de ingresos brutos anuales.
Para los emprendedores, la aprobación del proyecto es un aporte que ayudará a ampliar no sólo la cantidad de empresas que realicen investigación, sino también el tamaño de ellas, ya que permitirá que tanto las pequeñas como las medianas, tengan mayores opciones.
“Más empresas van a poder acceder a mayor apoyo del Estado, sobre todo las pymes porque se eliminó el tope en el porcentaje de financiamiento. Con eso, las compañías chicas van a poder beneficiarse de la innovación que hagan”, explica Alan Farcas, director de Endeavor y futuro director ejecutivo de la Escuela de Negocios de la U. Adolfo Ibáñez.
Para Cristián López, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), el alcance pasará no sólo por la capacidad de difusión sino también por la “consideración que tenga de esta ley la empresa privada: que empiece a hacer I+D no sólo con universidades e investigadores, sino también con emprendedores que tienen nuevas tecnologías. Por otro lado, me parece negativo que exista un tope máximo de 15.000 UTM para invertir porque no hay que poner barreras a la inversión en I+D, es un tema importante para el desarrollo de Chile”, acota.
En qué se ha usado la ley
Según cifras de Corfo, desde el año 2008 las 73 empresas que se han acogido a la Ley, representan contratos certificados por $ 6.101 millones. De ese monto, el 33% corresponde a proyectos ligados al área de pesca y acuicultura, 29% a agropecuario y 21% a medio ambiente e infraestructura. La mayoría de los contratos pertenece a empresas de la Región Metropolitana, con el 56% del total, seguido de la Región del Biobío, con un 22%.
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