Por Karen Ríos R.
En Chile en los últimos años, el total de recursos públicos invertidos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación ha crecido sostenidamente en el transcurso de la última década. Sólo por mencionar un ejemplo, para el caso de las universidades han sido más de US$ 2.000 millones en los últimos 12 años.
Si bien esta inyección de recursos ha traído consigo un incremento en términos de la actividad científica (más de 6.000 publicaciones ISI en el último año), los expertos advierten que esto no se condice con los indicadores vinculados a la productividad comercial, observándose, por el contrario, un bajo número de solicitudes de patentes. Entre los años 2002 y 2008 las universidades presentaron 254 peticiones de patentes, es decir, menos de 50, al año.
Es justamente esta realidad la que ha servido de alarma no sólo para el sector público, sino también para los privados. Las mismas casas de estudio están tomando cartas en el asunto diseñando una conjunto de iniciativas que podrían hacer de 2012, un año clave para la transferencia tecnológica.
“Estamos en un proceso de evolución propio del sistema económico, en que las empresas empiezan a darse cuenta de las necesidades y desafíos que tienen en materia de desarrollo tecnológico, mientras que las universidades comienzan a tomar el peso al potencial que tienen en I+D que no llega al mercado”, sostiene Alan García, subdirector de Innovación Empresarial de InnovaChile de Corfo.
Para fomentar este vínculo, esta unidad de trabajo ha desarrollado una especie de catastro de los requerimientos de las empresas en materia de innovación y se los ha entregado, en forma anómina, a las universidades para que de acuerdo a sus capacidades, las puedan trabajar.
Esfuerzo estatal
En el caso del gobierno, la subgerencia de Transferencia Tecnológica de InnovaChile manejará un presupuesto que bordea los $25 mil millones en 2012. Si bien gran parte de los recursos los capturan los de Centros de Excelencia llegados al país y las cuotas de arrastre de proyectos de concursos de años anteriores, sumarán tres iniciativas que apuntan directamente a fomentar la creación de patentes, nuevas empresas, o licenciamientos entre el sector privado y universidades.
El primer programa es el de fortalecimiento de oficinas de transferencia y licenciamiento (OTL) para universidades y centros de investigación. Ls segunda línea es la capacitación de unas 60 personas, representativas de 16 entidades de todo el país, para convertirse en gestores tecnológicos expertos en transferir I+D de la academia al mercado.
La tercera medida es el programa de Innovación Aplicada, que con una inversión de $ 10.700 millones ($ 2.700 aporte pecunario de empresas) en tres años, tiene por finalidad llevar al mercado productos o servicios con base de I+D.
“De las 47 propuestas aprobadas en la Línea 2 del programa en 2011, el 65% de los proyectos vinculan directamente universidades con empresas”, destaca Thierry de Saint Pierre, subdirector de Transferencia Tecnológica de InnovaChile.
Respecto al apoyo del gobierno, Nathan Young, director de la División Latinoamérica de Neos, advierte que éste debería extenderse por más tiempo que el establecido en líneas como el de las oficinas de transferencia tecnológica.“Hay estudios, incluso en Estados Unidos, que indican que el promedio para lograr éxito en transferenica tecnológica en universidades es de siete a diez años, por lo que 18 meses, por ejemplo, no será suficiente”, afirma.
Rol de los privados
Este esfuerzo del gobierno está alineado con lo que harán los sectores productivos del país. Un ejemplo es el trabajo que realizará la Sofofa, entidad que a través de su Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE), realizará “visitas guiadas” de empresarios a universidades y centros de investigación para generar encuentros donde puedan cerrarse contratos de I+D en conjunto.
“Hemos hecho unos pilotajes y en 2012 habrá una actividad constante. Esperamos realizar entre 4 a 5 de estos viajes”, dice Cristián Moreno, gerente del CIE de Sofofa, quien añade que además, han establecido acuerdos con universidades para ayudarlas a vincularse con empresas, tales como la Universidad Católica, U. Andrés Bello y U. Técnica Federico Santa María.
El sector minero es otro ejemplo de avance. Este año, el directorio de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) decidió crear la Fundación Tecnológica para la Minería, con la cual se busca generar trabajos colaborativos con la academia en materia de I+D.
“Ya hicimos un acuerdo con la Universidad de Chile, en la que trabajaremos a la par con el Centro Avanzado de Tecnología Minera que se está construyendo”, destaca Iván Cerda, gerente general de la Fundación. Para 2012, añade el ejecutivo, los planes son cerrar acuerdos con una casa de estudio en Atacama y otra en Antofagasta.
Otro esfuerzo privado es el que desarrolla la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a través de su Corporación de Desarrollo Tecnológico. Este organismo, desde diciembre 2009 a la fecha, ha logrado subsidios para proyectos de transferencia tecnólogica por más de $ 1.235 millones, favoreciendo directamente a empresas y profesionales del sector.
“Hemos trabajado con la Universidad Católica, de Chile, Mayor, del Desarrollo y el Duoc UC”, destaca Carlos López, gerente de estudio de la Corporación.
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