Institucionalidad y permisos

Todos los actores también coincidieron en la necesidad de fortalecer técnicamente los organismos para no dejar espacio a la judicialización de los permisos y aprobaciones ambientales. Según plantearon varias mineras, los temas de institucionalidad, multiplicidad de permisos y la descoordinación entre los servicios que los otorgan generan cuellos de botella y demoras en la aprobación de los mismos que pueden llegar hasta 500 días, retrasos que finalmente –a juicio de esa industria- repercuten en una menor competitividad del sector.

Es que más que la cantidad de permisos que se piden es el tiempo de tramitación lo que les preocupa.

De ahí que el trabajo en adelante sea buscar la disminución de los plazos de tramitación.

Además, según planteó Thomas Keller en la reunión ampliada, muchas de las sanciones que reciben las mineras a sus procesos es por el nivel de discrecionalidad que algunos servicios ejercen a la hora de aplicar la normativa vigente, lo que también se debiera mejorar y actuar acorde a la ley .

En esa misma línea, cae también la solicitud de algunos representantes de las generadoras, quienes pidieron que el Consejo de Ministros, que hoy tiene en carpeta la revisión de proyectos como Punta Alcalde e HidroAysén, también esté sujeto a plazos perentorios. “Es una instancia muy importante que debe actuar con sincronismo y liderazgo”, enfatizaron los asistentes.