Como un apoyo a la institucionalidad ambiental en Chile calificó la ONG Oceana la decisión del gobierno de restarse del proceso de conciliación que impulsa el Primer Tribunal ambiental de Antofagasta, en el marco del proyecto minero-portuario Dominga.
La directora ejecutiva del organismo, Liesbeth van der Meer, aseguró que el proceso se encuentra al margen de la ley y que se buscaba innovar con un proyecto que ya fue rechazado.
"La conciliación puede existir, en el caso de que los proyectos estén aprobados y necesiten de una mejora, pero no cuando se está rechazado por razones técnicas. Cómo se podían evaluar bases de conciliación sin una línea base que es la gran carencia de este proyecto", aseguró, y apuntó a que ven una señal de que la nueva administración está tomando el cuidado del medio ambiente "como una política de Estado y no de gobierno".
Respecto al futuro de la conciliación, van der Meer señaló que el tribunal no cuenta con la potestad de revertir el rechazo del proyecto, pero sí de retrotraer el proceso para el estudio del Consejo de Ministros. En ese caso, explicó, podría haber una nueva votación de parte de los nuevos integrantes de esta entidad, pero "definitivamente, todos los cambios que tenga que hacer el proyecto, implican que sea un proyecto nuevo, por lo que tendría que volver a pasar por la evaluación ambiental para cuantificar los daños, como lo hacen todas las empresas en Chile".
Con todo, desde Oceana explicaron que recién hoy fueron notificados por la autoridad de que ellos no podrían participar de la audiencia que se desarrollará esta tarde en la Región de Antofagasta. "Este proceso fue impuesto, nadie dijo que se quería conciliar, el tribunal dio por entendido que todos iban participar, después las reglas se fueron haciendo en el camino", selló van der Meer.
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