La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, emitió hoy un dictamen en el que se pronuncia en contra de la subida de las tarifas del gas ordenada por el gobierno, en vísperas de que la Corte Suprema emita un fallo que podría llevar a frenar los aumentos en todo el país.
En una evaluación no vinculante para el máximo tribunal argentino, Gils Carbó recomendó que corresponde confirmar un fallo de la justicia federal de la ciudad bonaerense de La Plata en el que se declaraba la nulidad, con alcance nacional, de los marcos tarifarios determinados en el primer cuatrimestre del año por el Ejecutivo.
Según informó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado difundido en la web, el motivo aducido por la procuradora general es que no se produjeron audiencias públicas previas sobre el tema, necesarias para garantizar "el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores".
"Si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales", expresó Gils Carbó en el texto.
Además, la fiscal apunta que las leyes argentinas especifican el deber de buscar "tarifas justas y razonables" para garantizar "principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad" y pone en duda que la normativa aplicada lo haga.
Las nuevas tarifas del gas implicaron que muchos argentinos vieran en sus facturas aumentos de hasta el 800%, lo que se sumó a incrementos simultáneos en otros servicios como la luz y el agua.
Posteriormente, el Ministerio de Energía rectificó y fijó un tope máximo del 400% de subida del gas para los particulares, pero ello no evitó que la justicia paralizara las subidas en algunos puntos del país.
En el dictamen emitido hoy, Gils Carbó también tiene en cuenta la multiplicidad de amparos y acciones judiciales promovidas a lo largo de todo el país, algo que, para ella, muestra que el incremento ponía en riesgo el acceso a un servicio básico, lo cual "pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución".
Está previsto que mañana la Corte Suprema argentina se expida sobre la validez los nuevos marcos tarifarios.
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