La Policía Federal brasileña presentó hoy cargos por corrupción, lavado de dinero y falsificación contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una causa sobre la adquisición de un apartamento en la playa cuya propiedad se atribuye al ex jefe de Estado, informaron medios locales.
La acusación se extiende a la esposa del ex mandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, según la información que voceros de la Policía Federal consultados por Efe se abstuvieron de confirmar o desmentir.
La Policía Federal también presentó cargos en el mismo proceso contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el presidente y un importante ejecutivo, respectivamente, de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Copias de la acusación formal de la Policía Federal contra Lula fueron publicadas por diferentes medios locales en momentos en que el país está concentrado en la fase final del juicio político destituyente que el Senado abrió contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política.
Se trata de la primera acusación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en Petrobras.
La investigación se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial.
Los abogados de Lula alegan que el ex presidente desistió del negocio y pidió que le devolvieron el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.
El apartamento fue sometido a costosas reformas costeadas por la OAS y la Policía ha divulgado pruebas que muestran a Lula o a su mujer visitando la vivienda en compañía de los ingenieros responsables por las obras.
Las pruebas presentadas por la Policía Federal tendrán que ser analizadas ahora por la Fiscalía, que tiene un plazo de 90 días para decidir si le pide o no a la Justicia que abra un proceso contra Lula y los otros acusados.
El exmandatario también es investigado por la supuesta propiedad de una casa de campo en la ciudad de Atibaia y en la causa abierta por las irregularidades detectadas en Petrobras.
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