La Oficina de Industria y Seguridad (BIS, su sigla en inglés), dependiente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, publicó el viernes una propuesta que busca agregar 14 categorías de productos manufacturados derivados del cobre, aluminio y acero a la política arancelaria del gobierno de Donald Trump.
La propuesta, que está en etapa de consultas abiertas hasta el 27 de agosto, contempla tarifas de 25% para productos como cables conductores eléctricos, instrumentos musicales y sus accesorios, y componentes de máquinas de soldadura en lo que respecta al cobre.
Sobre los productos asociados al aluminio y acero, los bienes sujetos a los gravámenes serían equipos hidráulicos, partes de intercambiadores de calor, extintores, grúas y otros tipos de remolques. De esta forma, estas tarifas no tomarían en consideración al cobre a granel ni al cobre refinado.
El proceso se enmarca en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual permite restringir o aplicar aranceles a importaciones de productos que contengan cobre, acero o aluminio ya que estos podrían socavar los objetivos de las medidas adoptadas para proteger la base industrial estadounidense.
A diferencia de los aranceles de 12,5% aplicados bajo la Sección 301 después de las investigaciones que la Oficina del Representante Comercial de los EEUU (USTR, su sigla en inglés) realizó a distintos países respecto de la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, estas nuevas tarifas siguen los lineamientos de seguridad nacional de la Casa Blanca, por lo que el Presidente tiene más injerencia en estos gravámenes.
Esto, además, responde al objetivo de reindustrialización de la administración Trump, que busca cómo impulsar y proteger la industria manufacturera estadounidense. La propuesta de estos nuevos aranceles de 25% se presenta entonces como una evolución de los intentos de Trump por lograr su compromiso de recuperar la capacidad manufacturera, reducir la dependencia de China y asegurar cadenas de suministro críticas.
Para el exjefe del Departamento Económico de la Embajada de Chile en EEUU y socio de GeoGig Consulting, Matías Pinto, esto es una “evolución” de la estrategia estadounidense, ya que esta vez, el gobierno norteamericano estaría apuntando no solo a materias primas, sino también a productos manufacturados, o sea, a los siguientes eslabones de las cadenas de valor.
Desde su punto de vista, en el caso inmediato, Chile cuenta, tal vez no con seguridad, pero sí una tranquilidad respecto del cobre por ser un proveedor estratégico para EEUU.
Aunque el cobre refinado y a granel está exento, EEUU mantiene aranceles de 50% a semiterminados como alambres, láminas y tuberías, y de 25% a manufacturas con más de 15% de contenido de cobre.