Paraguay ocupó el lugar 130 entre los 168 países del Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, una mejora de 20 puestos respecto del año anterior.
La mejora obedece a una combinación de medidas oficiales y de creciente activismo de las bases sociales. Una serie de escándalos públicos desataron indignación en 2015, lo que sugiere a primera vista que la corrupción sigue siendo tan extendida como siempre. Pero el descontento paradójicamente refleja un mayor escrutinio de los medios y rechazo popular a la corrupción, lo que puede haber influido en el reporte favoreciendo una impresión de que las medidas aplicadas están dando frutos.
Una protesta estudiantil terminó en septiembre con la salida del rector de la Universidad Nacional de Asunción, designado por el gobierno, y varios otros miembros de facultades. Las denuncias de conductas inapropiadas en la prensa y redes sociales provocaron la renuncia de diversos alcaldes.
Esto ha reforzado la percepción de una mayor determinación para tomar medidas ante los escándalos.
El gobierno también está contribuyendo. Mario Ferreiro, el nuevo alcalde de Asunción, lanzó una campaña contra los “planilleros”, empleados contratados por favores políticos que no desempeñan funciones. Y en enero el presidente Horacio Cartes declaró la guerra a los sobresueldos en la administración pública. Once funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral han sido acusados y otros 300 están actualmente bajo investigación.
Los fiscales también están investigando al ex presidente Federico Franco por enriquecimiento ilícito. En septiembre Cartes implementó una ley de libertad de información desarrollada en conjunto con entidades anti corrupción en Brasil, Uruguay y Chile.
Desafíos estructurales
Paraguay sigue siendo el tercer país más corrupto de la región, detrás de Haití y Venezuela y existen desafíos estructurales que obstruyen los avances, como las ineficientes empresas estatales, expuestas a funcionarios ambiciosos. El director de la central de Yacyretá renunció en enero tras denuncias de sobornos.
Y el continuo dominio del Partido Colorado en la política nacional sigue fomentando el clientelismo.
A largo plazo, el mayor escrutinio internacional y el fortalecimiento de la cultura democrática aumentará la presión para que las autoridades rindan cuentas a una población más informada. Y aunque aún hay pocas señales de cambio, las empresas privadas también enfrentarán mayores exigencias de transparencia.
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