Por Tobias Buck
Repsol y Argentina están a punto de firmar un acuerdo de compensación de US$ 5 mil millones que va a poner punto final a una agria disputa legal que se ha prolongado desde que Buenos Aires expropió los activos del grupo energético español en el país hace dos años.
El acuerdo aún debe ser confirmado formalmente, y todavía se podría descarrilar por contratiempos de última hora. Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones dijeron que una delegación de Repsol estaba en Buenos Aires para completar el acuerdo en los próximos días. Se espera que el paquete de compensación se presente a los miembros de la junta directiva del grupo para su aprobación en Madrid el martes.
La firma de un acuerdo marcaría un avance significativo para Repsol, que fue duramente golpeado por la nacionalización de su filial YPF en mayo de 2012. Sus operaciones en Argentina representaban alrededor de un quinto del beneficio neto anual, y casi la mitad de las reservas probadas de Repsol.
Pero es probable también que el acuerdo le dé un impulso a Argentina, que está tratando de reconstruir su credibilidad ante los inversionistas internacionales en un momento de creciente preocupación del mercado sobre las economías emergentes.
Un acuerdo preliminar para poner fin al amargo enfrentamiento se alcanzó entre los líderes de los gobiernos de España y Argentina en noviembre, pero su realización se retrasó en varias ocasiones.
Los inversionistas y los analistas se mostraron preocupados de que el reciente episodio de turbulencias en el mercado -y la consiguiente preocupación por la salud financiera de Argentina- podrían echar por tierra el acuerdo.
Bajo los términos del acuerdo, Repsol recibirá US$ 5 mil millones en bonos argentinos denominados en dólares, para compensar al grupo por la pérdida de YPF.
Los detalles del paquete aún no se han hecho públicos, en particular, cómo y cuándo Repsol será capaz de monetizar sus bonos. Pero se entiende que los negociadores del grupo ejercieron presión para obtener garantías legales del gobierno para proteger los intereses financieros de Repsol en caso de que Argentina sufriera una nueva crisis.
La propuesta de indemnización no llega a los
US$ 10.500 millones que Repsol estaba reclamando al gobierno argentino como parte de una demanda legal ante un tribunal de arbitraje internacional. Los analistas habían advertido en repetidas ocasiones, sin embargo, que el resultado de los litigios de Repsol era incierto, y que podrían transcurrir muchos años antes de que el tribunal dictara una sentencia definitiva.
Como parte del acuerdo, Repsol dejará de lado sus procesos legales contra Argentina y contra otros grupos energéticos que acordaron invertir en Vaca Muerta desde la expropiación.
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