Los ataques a la prensa han aumentado 80 por ciento en los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto en comparación con el promedio durante el mandato de seis años de su predecesor, según muestra un nuevo informe sobre la libertad de expresión en México.
Los reporteros investigadores han enfrentado durante mucho tiempo un juego mortal en México, en medio de violentos carteles de droga y autoridades coludidas con el crimen organizado. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, ubica a México en el décimo lugar a nivel mundial en términos de asesinatos desde 1992.
Los nuevos resultados del estudio anual del grupo de derechos humanos con sede en Londres, Artículo 19, indican que durante la presidencia de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, cada poco más de dos días ocurría una agresión contra un trabajador de los medios. Durante los primeros dos años de la presidencia del Sr. Peña Nieto, esa tasa prácticamente se ha duplicado a uno cada 26.7 horas, dijo.
De los 326 casos de periodistas agredidos en México el año pasado, se destacaron 142 que fueron agredidos físicamente; 53 que sufrieron intimidación o presión; y 6 que fueron asesinados. En muchos casos, las autoridades fueron las responsables de los ataques, dijo Artículo 19.
Los resultados se revelan después de que Carmen Aristegui, la periodista que el año pasado divulgó que la lujosa mansión del presidente había sido pagada por un contratista favorecido por el gobierno, acusó a la presidencia de haber orquestado su expulsión del principal programa radial matutino de noticias de México.
Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le dijo al Financial Times que había visto "un aumento de las amenazas [a periodistas] en diversas partes del país en el último año y medio".
Se espera que los siete miembros de la CIDH en su totalidad visiten México en julio para estudiar más atentamente su historial de derechos humanos.
Peña Nieto está enfrentando lo que él admite es una ola de "incredulidad y desconfianza"; la fe pública en las autoridades ha sido destrozada por el presunto asesinato de 43 estudiantes en septiembre pasado y una serie de escándalos de conflictos de interés.
Aristegui dice que su despido del programa matutino de noticias en MVS Radio es muy afín a las tácticas de línea dura típicas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) de antaño.
Felipe Chao, vicepresidente de relaciones institucionales de MVS, dijo que "rotundamente negaba" haber recibido presión alguna por parte del gobierno para despedirla. De hecho, la radioemisora ha demostrado, al recontratar a Aristegui contra las exigencias de la entonces presidencia tras otra disputa en 2011, que "no aceptamos presiones", dijo.
Eduardo Sánchez, vocero del gobierno y ex abogado de MVS, dijo que el gobierno respeta las voces críticas en los medios de comunicación. "La pluralidad de opiniones es indispensable", dijo.
Dijo que el gobierno también analizaría el informe de Artículo 19, lo cual serviría "para fortalecer las políticas para proteger el trabajo de los periodistas en México".
El último periodista reportado como asesinado en México fue Moisés Sánchez. Los funcionarios a cargo de la investigación han implicado a un alcalde local, quien ha negado su participación.
Aristegui dice que fue silenciada a pesar de su alto perfil. "Imagínense el grado de vulnerabilidad de un periodista en, por ejemplo, Veracruz, que recibe una bala por publicar algo", dijo.
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