Por Tobias Buck
Madrid
Cuando Luis Bárcenas apareció en la corte el mes pasado para hablar sobre su rol en el escándalo de fondos para usos ilícitos que ha envuelto al gobernante Partido Popular (PP) de España, él parecía saber exactamente de qué quería hablar y de qué no.
El ex tesorero del partido confirmó la existencia de un fondo para usos ilícitos, diciendo que era para hacer pagos en efectivo no declarados a líderes de la agrupación. Según varias personas que asistieron a la audiencia privada, Bárcenas declaró que Mariano Rajoy, presidente del gobierno, y otros funcionarios del PP recibieron pagos. Por más de cinco horas, el veterano político reveló nombres, fechas y detalles, incriminando a muchos de sus ex aliados.
Pero mientras Bárcenas estaba feliz de explicar cómo el fondo entregaba el dinero, se mostró mucho más cauteloso al describir quién puso el dinero ahí y por qué. Tomó una “precaución exquisita” de no implicar a los donantes más importantes del partido, asegura Enrique Santiago, abogado presente en la sala.
De acuerdo con Santiago, miembro del partido Izquierda Unida, la reticencia de Bárcenas de hablar sobre los donantes refleja un punto ciego que ha obstaculizado el tema desde el comienzo.
En la visión del abogado, el principal escándalo no es que los políticos supuestamente hayan recibido sobres con dineros por parte del tesorero del partido, es que las constructoras y otras empresas parecen haber hecho grandes donaciones ilegales al PP y luego -supuestamente- recibieron a cambio acceso preferencial a los contratos públicos.
Rajoy ha negado las acusaciones en su contra y se espera que vuelva a hacerlo mañana cuando se debata el escándalo en el parlamento por primera vez. Pero el cercano nexo entre las constructoras y los políticos ha sido un rasgo de la vida pública española por mucho tiempo y de ninguna manera se limita al centroderechista Partido Popular.
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