La disputa de doce años de Argentina con un grupo de hedge funds que se aferra al pago completo de los bonos argentinos impagos está resultando ser una de las reestructuraciones más improductivas de la historia.
Durante los últimos años una estéril batalla legal librada en los tribunales de Nueva York ha acosado continuamente las reestructuraciones que permitieron a Argentina seguir adelante luego de su default por US$ 95 mil millones en 2001. Basando sus fallos en una estrecha definición de la cláusula pari passu que garantiza un tratamiento equitativo para todos los bonistas, jueces en EEUU han declarado ilegal que Argentina pague a los tenedores de bonos reestructurados a menos que incluya un pago total a los holdouts, los bonistas que no participaron en los canjes.
Esta semana, la disputa alcanzó un triste clímax. Decidida a no doblegarse ante las demandas de los holdouts y, en consecuencia, incapaz de mantener los bonos reestructurados vigentes, Buenos Aires subió las manos, dándose por vencida en su intento de pagar a los acreedores bajo la ley de Estados Unidos.
Ninguna de las partes puede reclamar la superioridad moral. Un punto central en el argumento de los holdouts es que Argentina presionó a sus acreedores a aceptar un monumental recorte de US$ 0,25 por dólar. Sin embargo, si se añaden garantías vinculadas al crecimiento económico, los pagos han sido en algunos casos de mucho más valor.
De mayor relevancia sistémica, los puntos legales a favor de los fondos de cobertura han llevado a una situación en la que será más fácil para otros holdouts bloquear futuras reestructuraciones soberanas, un escenario poco auspicioso.
En tanto, la presidenta Cristina Fernández se ha deleitado en su actitud de “no pagaré, no puedo pagar”. Si bien esto es central en su imagen política de alguien que se enfrenta y derrota a los inversionistas, también es falsa. Las reestructuraciones de Argentina no han reabierto los mercados internacionales. La mayor preocupación es que su intransigencia plantea una verdadera amenaza para el bienestar económico de sus compatriotas.
Aunque la consecuencia inicial ha sido moderada, el default de Argentina probablemente conduzca a una restricción en el financiamiento para el comercio y mayores costos de crédito. Argentina no tiene opciones fáciles. Reestructurar toda su deuda en bonos emitidos bajo las leyes locales sería una forma de burlar a los molestos holdouts y a los tribunales de EEUU. Pero, los costos serían enormes. Un default general podría bloquear al país de los mercados de capitales durante años en momentos en que necesita el capital internacional para desarrollar sus yacimientos de gas.
Eso nos deja la alternativa de negociar, lo que también conlleva dificultades. Argentina se expondría a las demandas de otros holdouts, lo que le costaría a Buenos Aires US$ 15 mil millones. Otro problema es la llamada cláusula RUFO en los bonos reestructurados, que prohibe a Argentina ofrecer a los inversionistas más que los US$ 0,30 por dólar que pagó a los titulares que aceptaron la reestructuración.
Esto no beneficia a nadie. Mientras tanto, los holdouts siguen acumulando honorarios de abogados por lo que probablemente quieran finalizar la batalla. Existen líneas generales para un acuerdo. Argentina podría satisfacer el reclamo de los holdouts, o alguna figura de compromiso, con bonos frescos, emitidos en forma diferida para eludir la cláusula RUFO que expira a fin de año. Todos los holdouts podrían ser invitados, resolviendo el problema para siempre.
Que esto se pueda acordar con rapidez, si acaso, es otro asunto. De hecho, el caso ilustra una vez más la necesidad de una mejor manera de gestionar los incumplimientos soberanos. Las cláusulas de acción colectiva introducidas desde entonces en muchos contratos de bonos, que obligan a las minorías a aceptar las amortizaciones de las mayorías, no son a prueba de fallas. La claúsula pari passu debe ser desechada, incluso a costa de mayores costos de endeudamiento.
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