Madrid está por aprobar un controvertido proyecto de exploración de petróleo de aproximadamente 7.500 millones de euros en las Islas Canarias, poniendo fin a una batalla política de una década que ha enfrentado el deseo de España de una mayor independencia energética frente a los activistas locales y la poderosa industria turística del país.
Repsol, el grupo energético español que lidera el consorcio de extracción, cree que los yacimientos marítimos podrían contener hasta 2.200 millones de barriles de petróleo. Ahora recibirá el permiso para hundir dos pozos exploratorios en un área de unos 60 kilómetros al este de Fuerteventura. Si se confirman las estimaciones del grupo, los campos en última instancia podrían permitir la producción de 110.000 barriles por día, suficiente para cubrir el 10% del consumo anual total del país.
La decisión de dar luz verde al proyecto de las Canarias es parte de un cambio político más amplio en España, que ha reducido drásticamente las subvenciones a las energías renovables y ahora está apostando a una reactivación nacional de la producción de hidrocarburos. La nueva postura de Madrid es en parte el resultado de la reciente recesión económica, pero también refleja una tendencia más amplia en toda Europa, conforme los gobiernos se esfuerzan por reducir su dependencia del petróleo extranjero y reducir el costo de energía para sus industrias afectadas por la recesión.
“Durante muchos años, durante el gobierno socialista anterior, España estaba promoviendo las energías alternativas con mucha fuerza, en especial la solar y la eólica. Pero ahora este esfuerzo se ha detenido”, dice Mike Rosenberg, profesor de la escuela de negocios IESE de España. “Ahora, todo gira en torno a la reducción de la tremenda dependencia del país del combustible extranjero, al permitir la extracción de petróleo y la fracturación hidráulica (fracking)”.
Actualmente España importa más de 99% de su petróleo del extranjero, un serio lastre para la balanza comercial y la cuenta corriente del país. Madrid espera que la apertura de campos costa afuera en el Atlántico abrirá una nueva fuente de ingresos e inversión, y que en última instancia, esto ayudará a reducir su cuenta energética exterior, que se extiende en la actualidad a cerca de 40 mil millones de euros al año.
El cambio también ha provocado una reacción furiosa, ya que muchos lugareños advierten que la creación de una industria petrolera en alta mar ahuyentará a los turistas extranjeros, uno de los mayores generadores de ingresos no sólo para las Canarias, sino para España en conjunto. Su caso ha sido promovido por muchas celebridades como Penélope Cruz, la actriz española.
Pedro Hernández, miembro de Ecologistas en Acción, el grupo ambiental, sostiene: “El parlamento regional, el gobierno regional, los municipios y la gente en la calle, todos han dicho que no quieren que este proyecto siga adelante. Esto es antidemocrático”.
Invocando el espectro del derrame de petróleo de Deepwater Horizon de BP en el Golfo de México, sostienen que un destino turístico como las Canarias simplemente no puede correr el riesgo de un accidente similar. “Sería una catástrofe ambiental y económica”, añade Hernández.
Dichas preocupaciones se reflejan también en otras partes de España en el cambio de las tendencias políticas. Los activistas locales en Ibiza, por ejemplo, se oponen drásticamente a los planes para perforar en busca de petróleo en las aguas cercanas a las turísticas Islas Baleares. También han surgido movimientos de protesta en las regiones del norte de España como Asturias, Cantabria y el País Vasco, los principales objetivos de la naciente industria de fracturación hidráulica del país.
José María Soria, ministro de Industria, eliminó toda duda sobre los proyectos de las Canarias el pasado viernes, cuando declaró que el proceso de autorización se finalizaría en “cuestión de días”. El respaldo del ministerio es el último obstáculo regulatorio restante para Repsol y sus dos socios, Woodside de Australia y RWE de Alemania. En mayo, el plan de extracción obtuvo el respaldo del ministerio del medio ambiente de España, y el mes pasado la Corte Suprema del país desestimó una demanda legal en contra de los planes de Repsol.
El grupo energético español recibió la licencia de exploración original en 2001, pero el progreso se ha estancado en varias ocasiones como consecuencia de los desafíos legales y demoras regulatorias.
Los partidarios del proyecto argumentan que accidentes como el que afectó al Golfo de México son extremadamente raros, y que debido al efecto devastador de la crisis, España no puede darse el lujo de dejar potenciales riquezas sin explotar. En declaraciones a principios de este mes, Soria dijo que era crucial que España, al menos, examine la cantidad de petróleo y gas que tiene a su disposición. “Ningún otro país se negaría a averiguar (sobre sus recursos)”, dijo a la radio española.
Los defensores del programa de exploración también señalan que los campos se sitúan en el límite marítimo entre España y Marruecos, por lo que son propensos a ser explotados de una manera u otra.
Un portavoz de Repsol, dijo: “Creemos que vale la pena explorar el potencial de esta región. Hemos ofrecido todas las garantías de que este trabajo se llevará a cabo de forma segura y que se acatarán las normas más exigentes”.
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