La decisión de Standard & Poor’s de rebajar la calificación crediticia de EEUU dio municiones a republicanos y demócratas buscando culparse unos a otros por la incapacidad del país de alcanzar un acuerdo amplio de reducción del déficit.
No obstante, la mayor víctima política de la acción de S&P podría ser Barack Obama, cuyo camino a la reelección en la carrera presidencial del próximo año se ve crecientemente pedregoso.
El debilitamiento de la economía (con el desempleo estancado en 9,1%) era considerado hace ya algún tiempo como el mayor obstáculo para un segundo período de Obama en la Casa Blanca.
El presidente (quien comenzará una gira de tres días por estados críticos del medio oeste para promover sus políticas económicas) también tendrá que defenderse de los ataques republicanos en cuanto a que el país sufrió la primera rebaja en su calificación soberana bajo su mandato. Esto, pese a los detalles de la declaración de S&P, que atribuyó la medida a la disfunción del sistema político en general, más que a la administración de Obama.
Tim Pawlenty, ex goberador de Minnesota y aspirante a la nominación presidencial republicana, apuntó de inmediato a la rebaja como evidencia del fracaso del liderazgo del presidente en el tema de la deuda de largo plazo.
Los demócratas se apuraron en señalar que la dura postura asumida por los republicanos durante los últimos meses fue la causa de la rebaja. Sobre todo, la firme oposición republicana a cualquier nuevo ingreso tributario que provocó la ruptura de conversaciones sobre un gran paquete fiscal (una reducción del déficit de US$ 4 billones en los próximos 10 años). Un acuerdo de esa magnitud podría haber satisfecho a S&P.
Pese al mensaje de S&P, el panel de legisladores que debe identificar nuevos recortes, sigue dividido respecto de la agenda.
Los republicanos todavía resisten cualquier alza de impuestos y los demócratas indican que no aceptarán recortes en programas sociales populares.
Esto podría significar que se active un mecanismo automático que obligará a ciertos recortes en defensa y gasto interno, un desenlace que podría no caerle bien a las agencias calificadoras, que preferirían ver la mayor reducción de déficit posible saliendo de la próxima ronda de conversaciones.
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