En vísperas del comienzo del juicio por los daños causados por la plataforma Deepwater Horizon de la petrolera BP el lunes próximo, ha comenzado la disputa por el pago de las indemnizaciones.
BP deberá compensar los daños sufridos por pescadores y dueños de hoteles. La firma ya aceptó su responsabilidad y comprometió un fondo por US$ 20.000 millones.
Algunos abogados querellantes han sugerido que el dinero que sobre del fondo -unos USS$ 13.000 millones tras el pago actual de
US$ 6.700 millones -podría usarse para el pago de las querellas pendientes de sus 116.000 clientes.
El resultado es incierto. El objetivo del fondo es pagar los daños según la Oil Pollution Act de 1990 y también compensar el daño hecho al medio ambiente.
Los US$ 13.000 millones, US$ 115.000 en promedio por demanda pendiente, parecen una cifra de referencia para la negociaciones.
Los casos precedentes no son de gran ayuda. BP probablemente cite el caso Exxon por el derrame ocurrido en 1989, que fue decidido finalmente por la Corte Suprema en 2008. Unos 32.000 pescadores y otras víctimas fueron indemnizados originalmente con
US$ 5.000 millones, unas diez veces el valor de sus pérdidas, según un tribunal de Alaska. Una apelación redujo esa cifra a la mitad y finalmente quedó en
US$ 508 millones por decisión de la Corte Suprema, que argumentó que en la mayoría de los casos los daños punitivos deben igualar a los daños compensatorios.
Sin embargo, los querellantes podrían argumentar que puede haber excepciones a dicho límite, incluidos casos en que las firmas buscan ventajas económicas mediante un comportamiento temerario. Creen que pueden demostrar que BP trataba de ahorrar a cualquier costo. BP, que reconoció que sus empleados cometieron errores, siempre negó negligencia general.
Los querellantes también argumentan que la base para los daños compensatorios debería incluir todos los costos del derrame. Si incluye los costos de limpieza de BP de US$ 14.000 millones, por ejemplo, los daños punitivos podrían ser enormes.
El tema también se complica por la Oil Pollution Act, que no existía cuando ocurrió el caso Exxon.
Con tanta incertidumbre, será difícil cerrar la brecha entre ambas partes.
“Los querellantes no estarán dispuestos a llegar a un acuerdo, a menos que obtengan mucho dinero”, señala un especialista.
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