Luiz Inácio Lula da Silva, el instigador ex presidente de Brasil, declaró durante una reunión de sindicalistas el fin de semana que la izquierda política del país estaba siendo víctima de "persecución".
Él aseguró que ciertos "elitistas" anónimos estaban celosos de los logros que su partido de tendencia izquierdista – el Partido de los Trabajadores (PT) – había alcanzado en relación con el aumento de los estándares de vida de los pobres.
"Lo que vemos en la televisión se parece a los nazis criminalizando al pueblo judío", agregó.
Lula da Silva tenía razón en una cosa – la coalición gobernante liderada por el PT se encuentra bajo una presión sin precedentes. Pero en lugar de los nazis, los "perseguidores" son policías federales, fiscales y jueces brasileños cada vez más proactivos e independientes.
La semana pasada, los fiscales acabaron con una tradición de impunidad para los poderosos al acusar formalmente a los dos jefes de construcción más importantes del país por su presunto involucramiento en la corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Esta acción hace que una investigación del escándalo esté más cerca de su objetivo final – los políticos en la coalición gobernante de la sucesora elegida por Lula da Silva, la presidenta Dilma Rousseff, quien supuestamente se benefició de la trama.
"Nosotros, los fiscales y los investigadores, tenemos un sueño que compartimos con la sociedad brasileña – que todos somos tratados por igual ante la ley", dijo el fiscal Deltan Dallagnol, al presentar los cargos contra los jefes de construcción, Marcelo Odebrecht y su antiguo rival Otávio Marques de Azevedo.
Ambos hombres y sus empresas, Odebrecht y Andrade Gutierrez, han negado involucramiento alguno en la corrupción – al igual que el PT. Pero, según los analistas, el hecho de que se vean obligados a responder a los cargos es una señal de cuán lejos ha llegado Brasil en términos del fortalecimiento de sus instituciones.
La revelación del escándalo en Petrobras – en el cual un presunto cártel de empresas de la construcción está acusado de pagar sobornos a ex empleados de la compañía petrolera y a políticos en su mayoría de la coalición gobernante – ha llevado a la importante industria petrolera a un abrupto paro.
Pero los analistas opinan que puede que éste sea un precio que valga la pena pagar si, a largo plazo, ayuda a limpiar la parte más vulnerable de la política y de los negocios en la mayor economía de América Latina, en la cual las compañías están acusadas de recibir contratos públicos a cambio de 'hacer donaciones' a los partidos políticos.
"Considero esto como la evolución y consolidación del estado de derecho en Brasil", dijo Oscar Vilhena Vieira, director de derecho en la institución académica FGV en São Paulo.
Él declaró que la investigación de Petrobras es en parte resultado del "Mensalão" (significativo estipendio mensual) de Brasil – la primera persecución penal exitosa de los poderosos en el país.
En virtud de ese escándalo, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó en 2012 a los ex tenientes superiores de Lula da Silva por el uso de fondos públicos para comprar los votos de los políticos de la oposición en el Congreso.
Rousseff buscó calmar la indignación pública ante la corrupción después del "Mensalão" al firmar una histórica ley anticorrupción en 2013.
Esta ley definió nuevos derechos disponibles para los fiscales, entre ellos el permitirles llegar a "acuerdos de clemencia" en los que un sospechoso se compromete a revelar todo lo que sabe a cambio de una sentencia más leve.
Los fiscales de la operación "Lava Jato" (lavado de vehículos), como se conoce a la investigación de Petrobras, aprovecharon este poder y lo sumaron a la detención "preventiva" – la detención sin cargos de un sospechoso para evitar que manipule la evidencia. El resultado fue una cascada de confesiones cuando los fiscales comenzaron por investigar primero a los intermediarios criminales implicados en la trama, y luego a los ejecutivos de Petrobras y a otros hombres de negocios.
A algunos les preocupa que el caso pudiera ir demasiado lejos y paralizar a Brasil política y económicamente.
Los investigadores han presentado una lista de decenas de figuras políticas al STF para someterlas a investigación en relación con Petrobras, entre ellas Eduardo Cunha, el poderoso jefe de la Cámara Baja, y Renan Calheiros, el jefe del Senado. Ambos pertenecen al principal socio de la coalición del PT, el PMDB.
Cunha respondió con el anuncio este mes de que estaba rompiendo relaciones con el gobierno, lo cual aterró a los inversionistas que consideran su apoyo necesario si Rousseff ha de revivir la zozobrante economía brasileña.
Pero los analistas aseguran que ésta es una crisis política – no una crisis institucional – para Brasil. El sistema político es lo suficientemente flexible como para adaptarse dentro del marco constitucional actual.
"Las instituciones están funcionando, la Cámara Baja y el Senado también están funcionando", dijo David Fleischer, analista político de la Universidade de Brasília. "Si necesitan expulsar a Cunha y a Calheiros, lo harán".
Para los brasileños, por su parte, el mensaje que el caso transmite es muy poderoso.
Las imágenes en la televisión nacional el fin de semana mostraron a Odebrecht, a Azevedo y a otros ejecutivos siendo transferidos a una nueva prisión. Cada una de las austeras celdas contiene tres camas de concreto y hay una ducha comunal – no representan en lo más mínimo el tipo de establecimiento al que los hombres más poderosos del país están acostumbrados.
"El mensaje central es que Brasil no tolerará el crimen, no importa cuán poderosos sean los culpables", declaró el fiscal, Dallagnol.
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