Por Amy Stillman
El mapa de riesgo de América Latina está cambiando. Es cierto que países como Venezuela, Bolivia y Argentina todavía presentan el riesgo de expropiación de activos; la región andina rica en minería tiene su cuota de malestar social; y en México, Colombia y gran parte de América Central, la violencia sigue siendo un problema. Pero las cosas están mejorando debido al crecimiento de la clase media latinoamericana, a un largo período de democratización y a las cambiantes condiciones externas.
“La estrategia de mitigación de riesgo de los inversionistas tiene que ser muy diferente a la de incluso cinco años atrás, porque están cambiando radicalmente las exigencias a los legisladores”, dice Christopher Garman, director de mercados emergentes y América Latina en Eurasia Group.
El “taper tantrum” del año pasado –cuando muchas de las divisas latinoamericanas se devaluaron drásticamente como resultado de la disminución gradual de la expansión cuantitativa por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos– es un fuerte recordatorio de que la región sigue siendo vulnerable a los shocks externos.
La política fiscal intervencionista de Brasil en respuesta a estos problemas ha tenido efectos negativos y el país ahora está sumido en una recesión técnica. En las economías más frágiles de Venezuela y Argentina, el riesgo financiero se ha disparado. Incluso países abiertos a los negocios como Chile y México han puesto en práctica medidas fiscales para apoyar los ingresos del Estado en medio de un menor crecimiento.
Y sin embargo, América Latina está también más económica y políticamente estable que nunca, y la mayoría de los gobiernos de la región se adhieren fuertemente a las políticas del mercado. Todo esto lo confirma el fuerte aumento de la inversión extranjera directa, que alcanzó un máximo histórico de
US$ 185 mil millones en América Latina y el Caribe el año pasado, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Alejandro Solórzano, líder regional de multilatinas de Marsh & McLennan, la agencia mundial de corredores de seguros, dice: “Estamos viendo un gran aumento en los flujos de capitales hacia Chile, Colombia, Perú, México y Brasil, porque los inversionistas prefieren los países que son más estables, que han establecido reformas estructurales y democracias fuertes”.
La mitigación del riesgo también está mejorando con nuevos sistemas de cartografía que se basan en “grandes datos” para procesar grandes cantidades de información, lo que le permite a los inversionistas identificar las áreas peligrosas con mayor precisión.
Cambios importantes
Sin embargo, aunque expandir la presencia en América Latina no tiene por qué ser tan arriesgado (siempre y cuando se proceda con cuidado), también hay cambios importantes que requieren nuevas soluciones de gestión de riesgos.
Cada vez se examinan más detenidamente las políticas para combatir la corrupción, las políticas antimonopolio y las regulaciones ambientales en los países de América Latina.
“Hace una década no se le prestaba mucha atención a las normas ambientales y las compañías podían hacer prácticamente lo que querían”, dice Jaime Trujillo, socio gerente de la oficina de Baker & McKenzie en Bogotá, Colombia. “Ahora corren un riesgo significativamente mayor de ser acusadas y procesadas”. Es tal vez revelador que Marina Silva, una de los principales candidatos en la carrera presidencial de Brasil, es una activista medioambiental.
El tema de la corrupción también es cada vez más relevante. Este año Brasil presentó la Ley de Empresas Limpias, que impone multas de 20% de los ingresos brutos anuales a las empresas declaradas culpables de corrupción. Leyes anticorrupción similares se introdujeron en México en 2012 y en Colombia en 2011.
Por otra parte, América Latina enfrenta un mayor escrutinio internacional a medida que el comercio se ha acelerado. Se aplicaron en la región una serie de medidas adoptadas en los últimos años bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU. Las empresas extranjeras que operan en América Latina también son susceptibles a ser objeto de sanciones en virtud de las medidas de la Ley contra Soborno del Reino Unido y las medidas anti-corrupción de la legislación europea.
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