El presidente de Bolivia, Evo Morales, es considerado un gran defensor de los derechos del medio ambiente y de los indígenas. Pero la semana pasada se registraron hechos de violencia después de que tres grupos de indígenas protestaron contra los planes del gobierno de construir una ruta de 300 kilómetros que atraviesa el parque nacional donde ellos viven.
La fuerte reacción de los mismos pueblos amerindios despojó a Morales de su mística, y dividió a su gobierno.
Morales sostiene que la ruta, que costará
US$ 420 millones y que será financiada por el banco estatal brasileño BNDES y construido por la firma constructora del mismo país OAS, es necesaria para fomentar el desarrollo. Los indígenas temen a una descontrolada tala y colonización por parte de los productores de hojas de coca.
El enojo popular creció después de que la administración de Morales, que asegura “que gobernar es obedecer al pueblo”, pidió la intervención de la policía antidisturbios. Renunciaron dos ministros. Morales dio marcha atrás y prometió hacer un referéndum.
Esos conflictos son cada vez más comunes en la región. En Brasil, hubo protestas por la represa hidroeléctrica Belo Monte, que provocaría el desplazamiento de unos 50.000 indígenas.
Son más de 200 los conflictos en Perú, el segundo proveedor de cobre del mundo. También hubo incidentes en Colombia, un importante productor de carbón, y en Ecuador. Pero tienen mayor resonancia en Bolivia, donde 60% de la población asegura tener ascendencia indígena. Los movimientos sociales allí son más fuertes y más intransigentes que en otros países.
Esta pequeña crisis tiene dos aristas. La primera tiene que ver con el rol que tendrá Brasil con sus vecinos. La ruta es sólo una de las muchas planeadas en el Amazonas que unirá los campos de soja y minas de acero que tiene Brasil con los puertos del Pacífico y desde allí con los mercados asiáticos. Es inevitable que se produzcan más protestas. La pregunta es cómo abordarlas.
La segunda arista es que quedaron expuestos los vacíos de la tribuna política de Morales. Una parte de su gobierno propone una perspectiva comunitaria, contenida en una nueva constitución que le da a los pueblos indígenas el derecho a que se les consulte cualquier desarrollo en su tierra. Otra ve un estado central más fuerte que toma la iniciativa en lo que se refiere al desarrollo económico. Esta segunda visión está en alza y ha chocado con los derechos incluidos en la primera.
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