Hace cinco años, Petrobras recaudó US$ 70 mil millones en la mayor colocación de activos de la historia; gracias al crédito fácil y el alza en los commodities que disfrutaba Brasil y el resto de las naciones BRIC. Ahora, la firma estatal está en el centro del mayor escándalo de corrupción de la historia del país.
Latinoamérica, parece ser, está ahogada en noticias sobre corrupción, que erosiona la confianza pública en las instituciones. ¿Por qué, se preguntan los líderes empresariales y otros más, deben ellos pagar sus impuestos si los políticos sólo se roban los fondos? Y no son sólo los políticos de izquierda anti empresas los que están acusados. Enrique Peña Nieto, el presidente de México, está atrapado en un escándalo de conflictos de intereses tras revelaciones de que la casa de su esposa fue levantada por una constructora que fue favorecida con contratos públicos.
Incluso el "bien administrado" Chile está afectado. El hijo de la presidenta Michelle Bachelet, elegida sobre una plataforma para eliminar la desigualdad, afronta denuncias de conflictos de interés tras asegurarse un rápido préstamo y ganar US$ 4 millones en un negocio inmobiliario.
La buena noticia es que las instituciones están siendo fortalecidas. En Brasil a los poderosos también se les están exigiendo cuentas. México está realizando un proceso de auditoría independiente. Chile pronto va a comenzar a exigir a los políticos que declaren sus activos.
Estos son solo los últimos avances en el imperfecto proceso de la democratización del mercado que comenzó en los '80. Aún así, uno de los alicientes para avanzar es el temor de que una reacción pueda si no traer el poder a populistas que prometan poner fin a la corrupción, tal como lo hizo Hugo Chávez. Y nadie quiere terminar como Venezuela, el segundo país más violento de la tierra.
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