Por Victor Mallet en Madrid
La semana pasada, Luis de Guindos, el ministro de Economía de España, tuvo la poca placentera tarea de decirle a los españoles que el nuevo gobierno aumentará los impuestos, a pesar de haber prometido lo contrario.
Este economista de 51 años que lideró Lehman Brothers en España y Portugal hasta que el banco de inversión quebró en 2008, lució duro mientras se anunciaba la sorpresiva decisión cuyo objetivo es recolectar 6.000 millones de euros adicionales.
Ahora él ve una oportunidad. Los gobiernos regionales autónomos de España son responsables por la mayor parte de los 22.000 millones de euros de déficit del presupuesto en 2011, a los cuales Madrid culpa por el aumento de los tributos.
El gobierno central está listo para atacar con medidas legales y limitar el gasto regional tras años de laxo escrutinio.
Una nueva ley en marzo “establecerá estrictos instrumentos de control sobre el presupuesto de las regiones autónomas”, dijo el funcionario el miércoles en una entrevista con Financial Times, la primera con un medio internacional desde que asumió el control sobre la entidad responsable de economía y competitividad, hace dos semanas.
“Habrá controles a priori. Antes de aprobar el presupuesto, los ministros necesitarán luz verde del gobierno central”, explicó.
La escasez de efectivo en algunas de las 17 regiones, especialmente Cataluña y Valencia, las han hecho más vulnerables a los instintos centralistas del gobierno del Partido Popular.
Valencia, según los funcionarios, pudo pagar 123 millones de euros de deuda con Deutsche Bank en los últimos días sólo gracias a la ayuda del gobierno central.
“Las dificultades de liquidez son realmente una oportunidad para imponer duras condiciones y medidas en términos de control de déficit en las regiones autonómas”, aseguró.
Una camisa de fuerza financiera impuesta por el centro será resistida con seguridad por los líderes independentistas de Cataluña, una economía del tamaño de Portugal. Pero estas medidas sólo son una parte de la agenda de reformas económicas que De Guindos ha descrito como “agresiva” y que el gobierno quiere promulgar en sus primeros 100 días.
Bajo Mariano Rajoy, el primer ministro del Partido Popular que derrotó a los socialistas en la elección general de noviembre, el gobierno ha dicho que mantendrá el compromiso de España para reducir su déficit de presupuesto a 4,4% del PIB este año, como se acordó con la Unión Europea.
Economistas dicen que la meta será difícil de cumplir dado que el déficit de 2001 podría alcanzar el 8,2% del PIB en vez del objetivo de 6%, y que el PIB podría caer este año. Las medidas de austeridad, incluido el aumento de impuestos de 6.000 millones de euros y recortes por 8.900 millones de euros anunciados la semana pasada, dificultarán aún más el crecimiento.
Sin embargo, De Guindos espera que al menos una planeada reforma del sistema bancario no requiera más fondos del Tesoro.
En vez de crear un “banco malo” con fondos fiscales para absorber los activos inmobiliarios devaluados de los bancos del país, espera que los bancos comerciales y las cajas de ahorro reúnan 50.000 millones de euros adicionales en provisiones, para que los terrenos y edificios en ejecución hipotecaria puedan ser avaluados de forma más realista en sus balances. Los bancos ya han hecho provisiones por 30% de los 170.000 millones de euros de bienes inmobiliarios, pero algunos portafolios de terrenos, por ejemplo, son invendibles y sin valor.
La pregunta más difícil para responder que enfrenta De Guindos es cómo el gobierno puede promover el crecimiento y crear puestos de trabajo, con un desempleo que supera el 22%. Una respuesta es la reforma laboral. La idea es que empresas individuales, que anteriormente debieron despedir a su personal si querían ajustarse a la caída de la demanda, ya no deban lidiar con acuerdos de negociación colectiva inflexibles.
“En España, la caída del PIB durante la crisis fue promedio, pero ningún otro país, ni siquiera aquellos rescatados, sufrieron tal deterioro del mercado laboral”, dijo De Guindos. “Sí, tiene mucho que ver con la construcción, donde el ajuste ya ocurrió, pero también con la capacidad de las compañías para adaptarse a las condiciones”.
El nuevo secretario de estado espera que las reformas y medidas de austeridad impulsen la confianza de los mercados en España.
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