La corrupción – en algún momento desestimada por el presidente Enrique Peña Nieto simplemente como un fenómeno "cultural" – se ha vuelto tan común en México que los empresarios son indiferentes a ella. Uno de ellos describe rutinariamente haber contribuido a las campañas políticas con mucho más de lo que está permitido: "Todo el mundo tiene que hacerlo. Es lo que se espera".
Añade: "Ya he perdido la cuenta de cuántas veces los funcionarios estatales han llegado a nuestra planta exigiendo permisos para procedimientos para los cuales ya tenemos permisos. Lo único que quieren es un soborno, que no pagamos, porque conozco al gobernador. Pero no todos los negocios en México tienen el acceso que yo tengo."
Aunque durante mucho tiempo engrasar las chirriantes ruedas de la burocracia mexicana se ha considerado simplemente el modo en que funcionan las cosas en el país, la paciencia del público se ha resquebrajado en los últimos meses.
Una serie de escándalos por conflictos de intereses que involucran casas compradas por el presidente, su esposa y su secretario de hacienda de importantes contratistas, a los cuales les llovieron lucrativos contratos oficiales, han puesto la situación en un punto crítico.
El congreso mexicano ha aprobado un nuevo "sistema de lucha contra la corrupción", basado en nuevas leyes, requisitos más estrictos y sanciones para los servidores públicos, así como nuevas sanciones para las compañías que reciban sobornos.
Las reformas requieren cambios constitucionales y por lo tanto ahora deben ser ratificadas por las legislaturas estatales antes de que el presidente las convierta en leyes. El congreso entonces tendrá que redactar y ratificar leyes de aplicación, lo que significa que el sistema no estará plenamente operativo durante muchos meses.
Se trata de un cambio de rumbo para México – un intento coordinado por fortalecer las instituciones y aplicar controles y equilibrios en todos los ámbitos, en lugar de nombrar un "zar" anticorrupción que se lance contra los casos de alto perfil, pero que tal vez esté menos dispuesto a exponer al gobierno al mismo escrutinio que a los adversarios políticos.
Ahora comienza el trabajo arduo, por así decirlo. "Esto es un trabajo de una década", dice Eduardo Bohórquez, jefe de la división mexicana de Transparencia Internacional, una organización internacional de lucha contra la corrupción, la cual ubica a la segunda mayor economía latinoamericana en el puesto 103º de 175 países en su último índice de percepción de corrupción anual.
México enfrenta el reto de luchar contra lo que algunos han llamado "las cuatro íes": impunidad, ilegalidad, injusticia e inequidad.
La experiencia de un ejecutivo norteamericano al tratar con funcionarios turbios y un poder judicial sin escrúpulos lo ha convencido de que "las cosas están empeorando. Ésa es la sensación general en la comunidad de negocios aquí".
De hecho, tiene dudas acerca de la necesidad de un nuevo sistema de lucha contra la corrupción. "¿Por qué cambiar las leyes cuando el verdadero problema aquí es la voluntad política?", pregunta.
Muchos mexicanos se preguntan si existe tal cosa, o si Peña Nieto enfrentará una investigación adecuada en el llamado escándalo de la "Casa Blanca" que involucra una mansión que su esposa le compró a un contratista favorecido, puesto que ya un funcionario de confianza está realizando investigaciones y el presidente ya ha insistido en que no hubo conflicto de intereses.
A pesar de que el asunto hundió al gobierno en una profunda crisis de credibilidad de la que todavía está intentando salir, un alto funcionario del gobierno rechazó recientemente la necesidad de que la primera dama divulgue detalles.
Mientras tanto, los escándalos salen en los titulares casi a diario. El mes pasado, un funcionario del gobierno renunció después de la indignación causada por el uso que hizo de un helicóptero oficial para llevar a su familia al aeropuerto para tomar unas vacaciones. Se alega que al gobernador del norteño estado de Sonora y a un candidato a gobernador de las elecciones de próximo junio se les han exentado impuestos corporativos por valor de decenas de millones de dólares, lo cual las autoridades estatales han negado.
'México ¿cómo vamos?' y otros grupos de sociedad civil, han ideado un "anticorruptómetro" que marca cuánto tiempo tomará para que las legislaturas estatales aprueben el sistema anticorrupción.
"Estoy cautelosamente optimista", dice Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, una organización no gubernamental.
El gobierno tiene esperanzas de que medidas tales como exigirles a los funcionarios que presenten declaraciones de conflicto de intereses e ingresos (aunque no necesariamente se hagan públicas) impedirán las transacciones dudosas. Aunque el sistema es menos estricto que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU o la Ley de Soborno del Reino Unido, las compañías enfrentarán una mayor responsabilidad.
"No hay duda de ello, éste es un paso en la dirección correcta", dice Fernández. "Pero todavía hay un largo camino por recorrer (...) claramente la clase política se opondrá. Hay una gran batalla por delante".
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