A principios del año pasado, ocho presos originarios de Brasil, Australia y Nigeria fueron transportados a un campo en una pequeña isla frente a la costa de Java en donde los fusilaron.
Su muerte se produjo pese a los pedidos de clemencia por parte de los líderes de Brasil y Australia — dos países que se oponen a la pena de muerte — que Indonesia ignoró por completo. Joko Widodo, el presidente de Indonesia, quería demostrar que era estricto en "la guerra contra las drogas".
El incidente es un ejemplo de las opiniones cada vez más divergentes acerca del comercio de drogas ilegales, estimado en US$ 380 mil millones al año, cuyas diferencias se discutirán durante una asamblea general especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
"Existe una creciente disensión global sobre la política en contra de las drogas", indicó Vanda Felbab-Brown de la Brookings Institution.
EEUU — anteriormente uno de los principales defensores de una estrategia basada en la aplicación de rigurosas leyes — ha suavizado su posición a raíz de una epidemia de opiatos entre los estadounidenses de clase media, y de la legalización de la marihuana en algunos estados.
Asumiendo el papel de policías regionales se encuentran los países del Este de Asia, como China, y también Rusia, el cual incluso ha solicitado que el Consejo de Seguridad de la ONU tenga poderes significativamente mayores para combatir el tráfico de drogas.
Viktor Ivanov, jefe de la agencia de control de drogas de Rusia, expresó el mes pasado lo siguiente en relación con los narcotraficantes: "Es necesario utilizar las mismas medidas que estamos aplicando a los líderes de las organizaciones terroristas". La intensidad de sus comentarios ha llevado a algunos diplomáticos a especular que Rusia pudiera ofrecer apoyo a los servicios de seguridad latinoamericanos si EEUU retirara su ayuda financiera.
La asamblea especial de la ONU contra las drogas, que originalmente se iba a llevar a cabo en 2019, ha sido adelantada a petición de México, Colombia y Guatemala, tres países latinoamericanos devastados por las drogas. La última asamblea, en 1998, concluyó con la declaración categórica: "Un mundo libre de drogas: podemos hacerlo".
La mayoría de los analistas coinciden en que la estrategia ha fracasado. Tanto la demanda como los suministros han aumentado, mientras que las operaciones dedicadas a la imposición de las leyes cuestan US$ 100 mil millones al año — aproximadamente la misma cantidad que los flujos de ayuda globales — pero con poco resultado. Afganistán produce casi 90% de la heroína del mundo, a pesar de las repetidas ocupaciones militares.
Mientras tanto, cerca de 100.000 mexicanos fallecieron entre 2006 y 2015 a causa de la violencia relacionada con el crimen organizado, con "cero evidencia de que el suministro de drogas que ingresa en el mercado nacional estadounidense se redujera en lo absoluto", comentó el ex presidente de México Ernesto Zedillo. Por su parte, la tasa de homicidios en Honduras es de 84 homicidios por cada 100.000 personas por año, la cual contrasta con 3,8 en EEUU y con 0,8 en España.
Una consecuencia directa de esta matanza ha sido un creciente clamor para remover el negocio de las manos del crimen organizado a través de ventas reguladas por el Estado.
Latinoamérica ha liderado este debate; Uruguay, por ejemplo, legalizó el cánnabis en 2013. Sin embargo, goza de poca resonancia mundial, salvo en EEUU en donde hay un creciente grupo de votantes — cada vez con más frecuencia respaldado por los negocios — que está a favor de la legalización del cánnabis.
"Asia Oriental tal vez tenga tanto tráfico de drogas como Latinoamérica, pero tiene una fracción de su violencia. Así es que allí simplemente no existe un impulso para implementar reformas", declaró Felbab-Brown. "Además, desde las guerras del opio del siglo XIX, la dependencia de las drogas se ha considerado una debilidad moral".
Europa se ubica en un punto medio, mientras que la posición de Rusia se entrelaza con una narrativa nacionalista por parte del presidente Vladimir Putin, quien proyecta la reforma en materia de drogas como un ejemplo de la decadencia occidental.
En cuanto a Medio Oriente, la región "no tiene un problema de consumo de drogas significativo, a excepción de la heroína en Irán y Afganistán", declaró Alejandro Hope, un ex director de la agencia de inteligencia de México y actualmente editor de asuntos de seguridad en eldailypost.com. "Eso, más un conservadurismo cultural innato, tal como la prohibición de las bebidas alcohólicas, significa que el debate no ha tomado impulso".
El resultado de la cumbre de la ONU esta semana, basada en un documento llamado "borrador cero", será una resolución 'engañosa' que ocultará varios asuntos, incluyendo la legalización del cánnabis.
Si eso realmente importa es otra cuestión. "A estas alturas es evidente que los tratados internacionales que rigen el control de las drogas no se modificarán de una manera significativa pronto", comentó Hope "y, de todos modos, numerosos países continuarán incumpliéndolos".
En Latinoamérica, puede que el énfasis también esté cambiando. A pesar de que México solicitó la reunión, el presidente Enrique Peña Nieto, quien se opone a la legalización de las drogas, sólo decidió asistir a último momento.
"La pregunta sin resolver es por qué la autoridad de los organismos de seguridad ha persistido en Asia, donde el Estado sigue siendo fuerte y la violencia mínima, pero se ha derrumbado en Latinoamérica, a pesar de la existencia de redes de tráfico de drogas en ambos", dijo Felbab-Brown.
En cuanto a EEUU, la posición oficial ha sido fomentar la "flexibilidad", lo cual le permitiría al gobierno federal evitar la interferencia en los experimentos relacionados con la marihuana a nivel estatal pero impediría una discusión más amplia sobre la legalización.
La primera prueba de esta nueva estrategia será si California vota a favor de legalizar el cánnabis este año, una decisión destinada a resonar en el vecino México, en donde el contrabando de cánnabis representa un tercio de los aproximadamente US$ 6 mil millones en ingresos anuales de las pandillas de narcotraficantes locales.
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