La libre circulación de ciudadanos de la UE de un Estado miembro a otro ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares del mercado único de Europa.
Pero a medida que los votantes están cada vez más preocupados de la inmigración, el principio es uno que algunos líderes de la UE están dispuestos a cuestionar.
En Gran Bretaña, el gobierno de David Cameron ha sido particularmente franco, sugiriendo que gobiernos podrían en el futuro estar autorizados a imponer un límite en el número de migrantes de la UE procedentes de sus Estados. Sin embargo, Suiza -un país que está fuera de la UE- ahora ha tomado una decisión que podría afectar seriamente el debate en toda Europa.
Desde 1999, los suizos y las personas de la UE han tenido derecho a moverse libremente entre los dos territorios. Pero el domingo los suizos votaron un referéndum para imponer cuotas a los inmigrantes de la UE.
La votación fue promovida por el ultraconservador partido del Pueblo Suizo. Refleja una profunda ansiedad en Suiza sobre la inmigración neta, que se ha situado en el 1% de la población total de cada uno de los últimos siete años.
Suiza aún no ha especificado cuáles serán esas cuotas. Ahora tiene tres años para negociar con Bruselas al respecto.
Pero la Comisión Europea ya ha dado señales con una respuesta contundente, advirtiendo que el acceso de Suiza al mercado único de bienes y servicios podría estar bajo amenaza.
Tanto en Suiza como en toda la UE, la preocupación pública sobre la inmigración no puede ser ignorada. Pero los gobiernos deben centrar su respuesta en la reconfiguración de sus sistemas de bienestar nacionales para eliminar el “turismo social” desde donde se origina.
Lo que hay que preservar es el principio de la libre circulación de trabajadores. Suiza puede estar a punto de dar un ejemplo del serio daño económico que una nación se inflige a sí misma cuando se abandona este principio.
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