Un tribunal federal de Nueva York ordenó el embargo de unos US$ 801 millones de las cuentas que el Estado argentino tiene en Estados Unidos, en el marco de una demanda de varios fondos de inversión por la suspensión de pagos de deuda soberana de Argentina en 2001.
Así lo decidió el juez federal del Distrito Sur de Manhattan Thomas Griesa en una orden a la que hoy tuvo acceso Efe y que beneficia al fondo estadounidense Elliot Management, que litiga desde hace años junto a otro fondo, NML Capital, por la suspensión de pagos de hace diez años.
La decisión afecta "a todos los activos de la República de Argentina en cualquier cuenta del Banco Central de Argentina en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y en Citibank, así como cualquiera de sus filiales, matrices o subsidiarias", según recoge la orden judicial.
El juez Griesa cifra el embargo concretamente en US$ 801.440.824,30 y señala que su decisión se debe a que "Argentina no ha realizado pagos todavía" a Elliot Management, con lo que, a sus obligaciones, valoradas en 724.801.662 dólares, se deben sumar ahora casi US$ 77 millones en intereses.
Esta orden llega después de que el pasado julio un tribunal de apelaciones neoyorquino ordenara levantar el embargo que pesaba sobre activos por US$ 100 millones del Banco Central argentino como resultado de una decisión que el mismo juez Griesa tomó en enero de 2010 a favor de Elliot Management y NML Capital.
Griesa consideró entonces que había "fundamentos suficientes para asegurar que Argentina ha demostrado reiteradamente su intención de retirar sus activos de la jurisdicción de este tribunal para evadir el interés de sus acreedores".
Argentina reestructuró la mayor parte de esas deudas en 2005, pero acreedores con bonos por US$ 20.000 millones decidieron mantenerse al margen de aquella operación, entre ellos varios que acudieron al juzgado de Griesa.
Los fondos NML Capital y Elliot Management recurrieron a la vía judicial para intentar cobrar el 100 por cien de sus tenencias en bonos argentinos que entraron en suspensión de pagos en 2001, en medio de una severa crisis económica en Argentina
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