Donald Trump, sus hijos mayores y su organización empresarial son responsables de orquestar un “fraude persistente y repetido” en el que inflaron enormemente el valor de propiedades en Manhattan y Florida, así como de campos de golf en Estados Unidos y Escocia, dictaminó el martes el fallo de un juez del estado de Nueva York.
En una orden dictada días antes de que un caso presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, vaya a juicio, el juez Arthur Engoron dijo que el expresidente y sus asociados habían cometido fraude y emitió sanciones contra los abogados de Trump, al tiempo que ordenó la cancelación de los certificados que permitían a algunas de las empresas de Trump, incluida Trump Organization, operar en Nueva York.
El magistrado dijo que se constituiría un jurado para determinar más daños y si los acusados también eran responsables de emitir estados financieros falsos y fraude de seguros.
En una declaración publicada en su plataforma Truth Social, Trump dijo que el fallo era un “terrible recordatorio de que los demócratas de izquierda radical no se detendrán ante nada” para tratar de impedir que vuelva a ganar el cargo.
Christopher Kise, abogado de Trump, calificó la decisión de “escandalosa” y “completamente desconectada de los hechos y de la ley vigente”.
Añadió que el fallo “busca nacionalizar uno de los imperios corporativos más exitosos de Estados Unidos y tomar el control de la propiedad privada, reconociendo al mismo tiempo que no hay evidencia de incumplimiento, incumplimiento, pago atrasado o queja alguna de daño”.
James escribió en la plataforma de redes sociales X: "Esperamos presentar el resto de nuestro caso en el juicio".
Golpe a un imperio empresarial
La demanda, presentada originalmente en 2020, alega que Trump y sus empresas inflaron el valor de los activos en más de US$ 2.000 millones en total para obtener cientos de millones de dólares en préstamos en condiciones favorables. El fiscal general busca recuperar US$ 250 millones en daños e intentar prohibir a los acusados volver a actuar como funcionarios o directores de una corporación en el estado.
El fallo asesta un golpe al imperio empresarial del mismo nombre que hizo de Trump un nombre familiar y se suma a la montaña de problemas legales que enfrenta mientras compite por convertirse nuevamente en el candidato republicano a la presidencia el próximo año. El empresario y político de 77 años ha sido acusado de cuatro acusaciones penales distintas por asuntos que incluyen la retención de documentos clasificados y el intento de subvertir el resultado de las elecciones de 2020. Se ha declarado inocente de todos los cargos.
En su decisión, Engoron coincidió con la oficina del fiscal general de Nueva York en que activos que incluyen un rascacielos de Park Avenue y una propiedad en Wall Street fueron inflados ilegalmente, y además ordenó que se disolvieran varios de los negocios de Trump en Nueva York, acusándolos de continuar “ difundir información falsa y engañosa” incluso después de que el tribunal designara un supervisor en noviembre pasado.
Los abogados de los Trump, incluido Kise, ex procurador general de Florida, también fueron multados con US$ 7.500 cada uno por el tribunal.
El juez también desestimó los argumentos de los abogados de Trump de que los bancos en cuestión, incluido el Deutsche Bank, no fueron defraudados, ya que los préstamos finalmente fueron reembolsados en su totalidad.
El propio Trump se hizo eco de esto en las redes sociales, diciendo que no se había hecho ningún daño a los “sofisticados bancos de Wall Street” de quienes pidió dinero prestado. Pero Engoron dijo que “el primer principio de la contabilidad de préstamos es que a medida que aumenta el riesgo, también aumentan las tasas de interés”, y los prestamistas podrían haber ganado “aún más dinero” si se hubiera declarado el verdadero valor de la garantía de Trump.
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