Cuando toda la atención en Chile se centra en lo que viene hacia adelante luego de las elecciones de los 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución, en América Latina el debate tributario sigue tomándose la agenda.
Cuando el Gobierno de Alberto Fernández llegue a fijar un programa de facilidades extendidas con el que busca repagar el crédito de US$ 44.500 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Casa Rosada enviará al Congreso un proyecto que blinde con previsibilidad política y social un acuerdo que impactará en los próximos años de Argentina, y requerirá a su vez una profunda reforma tributaria que ya se cuece en las sombras.
El Ministerio de Economía del país y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tienen acordado acompañar en sincronía el debate parlamentario del acuerdo con el Fondo con diversos proyectos que apuntan a trastocar el sistema tributario argentino y conceder alivio impositivo a sectores con capacidad de crecimiento y generación de divisas, indispensables para cumplir con el organismo multilateral.
Tras reunirse con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el presidente Alberto Fernández está convencido de avanzar junto al ministro Martín Guzmán y la jefa del fisco, Mercedes Marcó del Pont, con retoques en las escalas para acrecentar el interés por inversiones en los sectores agropecuario, minero, de los servicios del conocimiento, y algún otro más.
A la vez, en la Casa Rosada y el edificio contiguo, el Palacio de Hacienda, hacen un balance positivo del Impuesto a la Riqueza, ya abonado por casi 10.000 contribuyentes, que le ha permitido al Estado embolsar $ 230.000 millones extra (US$ 2.400 millones).
No obstante, el Aporte Solidario Extraordinario sigue siendo eso: extraordinario. Antes bien, en el gabinete económico de Alberto toma vuelo la intención de incrementar la alícuota de Bienes Personales, como forma de paliar el déficit y mantener programas que no se cubren ni con la recaudación, ni con la emisión de deuda en moneda local.
Argumentando que se trata de un debate global -el de gravar a las corporaciones más ricas y a los millonarios- el Gobierno hace un guiño a los sectores más duros de la coalición, que a la luz de las intenciones manifiestas del senador Oscar Parrilli, han intentado condicionar a la Casa Rosada a destinar los US$ 4.300 millones que el FMI girará al país en agosto en concepto de retorno de los Derechos Especiales de Giro (DEG) para mantener los planes asistenciales.
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