El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil acaba de concluir una auditoría que reveló “fuertes indicios” de que la actual capacidad de generación de energía eléctrica del país es “estructuralmente insuficiente” para garantizar la seguridad energética. En el estudio, el tribunal apunta a cuatro problemas del sector: fallas en los planes de expansión da la capacidad de generación, sobrevaloración de las garantías físicas de las centrales, falta de disponibilidad de parte del parque de generación termoeléctrica y atrasos en la entrega de obras de generación y transmisión de energía eléctrica.
“El efecto acumulativo de estos factores puede ser significativo, superior a 10% de la capacidad estructural total de generación de energía eléctrica”, declaró, en su conclusión, el ministro relator Augusto Sherman Cavalcanti.
El TCU dio un plazo de 90 días a los ministerios de Minas y Energía (MME), Medio Ambiente (MMA) y al Ibama para que elaboren un plan de trabajo y un cronograma, que no supere los doce meses, con el propósito de identificar los costos y beneficios económicos y socio ambientales de la utilización de cada tecnología de generación de energía eléctrica (hidroeléctrica, termonuclear, térmica convencional y eólica). Entre las diversas resoluciones, el tribunal pidió la elaboración de una política pública para la inserción del gas natural en la matriz energética, debido al incremento previsto en la producción gracias a los yacimientos pre sal.
“A pesar de la aparente coherencia, robustez y seguridad del modelo idealizado y efectivamente construido, el escenario actual viene indicando la existencia de posibles inconsistencias en el sistema eléctrico brasileño”, afirmó Augusto Sherman Cavalcanti. “A mi entender existe claros indicios en el sentido de que la capacidad de generación de energía eléctrica del país se configura como insuficiente, en términos estructurales, para garantizar la seguridad energética dentro de los parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE). Cavalcanti llamó la atención sobre la falta de estudios de costo/beneficio económico y socio ambiental en relación a la utilización de diferentes fuentes de generación, lo que perjudica planificar la expansión del parque eléctrico.
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