La ministra del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Rosa Weber, determinó que el Senado conforme una Comisión Investigadora Parlamentaria (CIP) exclusiva sobre Petrobras, como exigía la oposición. La ministra también rechazó una solicitud de los parlamentarios oficialistas de una CIP más amplia, que habría incluido, además de la petrolera estatal, una investigación sobre temas como el cartel del metro de Sao Paulo y las actividades del Puerto de Suape, en Pernambuco.
La decisión representa una victoria de la oposición, que desde un comienzo defendió el principio del derecho de la minoría a investigar al gobierno. La base oficialista intentó, sin embargo, desviar el foco de la CIP incluyendo otros temas, además de las denuncias de corrupción en la petrolera.
La resolución de la ministra no garantiza, sin embargo, que se concrete la investigación en el Congreso. En primer lugar porque los partidos que presentaron al STF los mandados pueden recurrir al pleno del tribunal, en caso de que se sientan perjudicados por la decisión de Weber. Y en segundo término porque la instalación de la CPI demanda procedimientos legislativos.
Pese a la última victoria de la oposición, los parlamentarios oficialistas tendrán el control de la investigación, ya que los dos principales cargos de la CIP (presidente y relator) serán ocupados por los mayores partidos -PMDB y PT-, bajo un esquema de rotación en base a las anteriores CIP.
La opinión entre los parlamentarios es que las investigaciones en 2014 se verán dificultadas debido al calendario, con la realización de la Copa Mundial de Fútbol, las convenciones partidarias para escoger a los candidatos a las elecciones (en junio), el receso parlamentar (julio), la campaña y los comicios en octubre.
Aún así, siempre es posible que una CIP se salga de control una vez iniciada. Temiendo esta posibilidad, el gobierno está adoptando una estrategia para ganar tiempo y postergar la investigación.
El intento del Presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) de ampliar la investigación buscaba desviar la atención del caso de Petrobas y enfocarla en supuestas irregularidades con el potencial de afectar a los principales adversarios de la presidenta Rousseff, el senador Aécio Neves (PSDB-MG) y el ex gobernador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB).
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