Los manteros y "saladitas" de la zona de la feria de Once, uno de los principales focos de comercio ilegal que prolifera, sin freno aparente, en pleno corazón de Buenos Aires, suman casi 2.500 puestos distribuidos en un perímetro de 20 manzanas del barrio de Balvanera, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Entre agosto y septiembre, los puestos aumentaron un 93%.
En las inmediaciones de la Plaza Miserere, un comerciante informal puede facturar hasta 2.500 pesos argentinos por día (US$ 293), dependiendo del tipo de artículo falsificado que venda.
Los vendedores insisten en que el valor de su mercancía es tres veces inferior al de las tiendas. Consultados por la legitimidad de la prenda, remata señalando el cocodrilo del logo: "Claro, cuéntale los dientes".
Pero Once no es el único caso. La voraz expansión del comercio ilegal en la capital, donde la cifra de puestos -entre manteros, puestos callejeros y "saladitas"- llegó a 10.570 durante septiembre, es apenas un reflejo de lo que sucede en otras localidades del conurbano bonaerense y en las principales ciudades del interior del país.
En plena recesión y a contramano del resto de los indicadores económicos (hasta el consumo, último bastión del modelo kirchnerista, caerá este año por primera vez desde 2002, según proyectan desde la consultora especializada CCR), la venta ilegal callejera a nivel nacional aumentó un 25,5% en el tercer trimestre, si se lo compara con el mismo período del 2013.
Esta última cifra surge del Índice de Venta Ilegal Nacional, un indicador que elabora la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y que releva el comercio informal en algunas de las principales ciudades del país, como Buenos Aires, Rosario, Salta, San Miguel de Tucumán, Mendoza, Posadas, Paraná y Santa Fe.
"En su gran mayoría, estos comerciantes no cuentan con emisión de facturas, ni con habilitación de local, ni cumplen normas de higiene o de seguridad", advierte Vicente Lourenzo, vocero de CAME. Y agrega: "Se trata, en muchos casos, de artículos con marcas adulteradas o falsificadas y la mercadería suele ser de dudosa procedencia".
La otra cara
Tras una década de gobiernos con un Kirchner en la Casa Rosada, el negocio de la venta ilegal en la Argentina moviliza cerca de US$ 3.112 millones por año, estiman desde la entidad que dirige Osvaldo Cornide. "Da la sensación de que en el Gobierno no comprenden la dimensión de lo que deja de entrar a las arcas públicas por el comercio ilegal", coinciden los expertos consultados
El auge de las ferias ilegales en todo el país tiene como contracara el deterioro de la actividad comercial formal, especialmente en tiempos de recesión. "Está claro que la crisis económica genera que la gente se vuelque al circuito ilegal", sostiene Lourenzo.
Los números de la CAC, en cambio, no reflejan una causalidad entre crisis económica y aumento de consumo de productos falsificados. "El comercio ilegal se mantuvo en alza durante toda la década, tanto en los años de crisis como en los de crecimiento a tasas chinas", analizan.
Fuera de micrófono, tanto desde el gobierno porteño como desde la agencia tributaria AFIP reconocen que los altos niveles de informalidad se traducen en menor empleo en blanco y en una merma sensible de los ingresos tributarios. "La proliferación de la venta ilegal no sólo destruye al comercio sino también otras actividades: desalienta la inversión en obra pública, la industria, la radicación de empresas, la propiedad intelectual, el diseño y desarrollo de marcas y productos nuevos", coinciden los expertos.
Un vendedor informal puede ofrecer su mercadería a precios hasta 50% más bajos, porque sus productos no cuentan con cargas como el IVA y otros impuestos.
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