El gobierno nacional en Argentina está analizando sancionar una nueva ley de hidrocarburos que contemple la situación actual del millonario negocio petrolero, y así limitar el poder que actualmente tienen los gobernadores sobre la actividad.
Según publicó ayer La Nación, el objetivo es sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Pero la iniciativa colocaría en un lugar mucho más marginal a las empresas provinciales de petróleo, compañías que fueron especialmente estimuladas por el ex presidente Néstor Kirchner y por el ministro de Planificación, Julio De Vido.
El diario revela que es el propio Miguel Galuccio, presidente de YPF, quien se puso al frente de la discusión y promueve el debate para que se apruebe una nueva ley. Lo hizo como respuesta a un movimiento del gobernador neuquino, Jorge Sapag, que asustó a YPF al impulsar un proyecto de ley provincial para que, una vez terminadas las concesiones, vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), su empresa provincial.
Galuccio cree que las provincias deben obtener regalías por el desarrollo de los proyectos petroleros y beneficiarse con la inversión de las empresas, pero no aparecer como intermediarios innecesarios en el camino.
Otras provincias petroleras tienen esquemas similares al de Neuquén. Chubut cuenta con Petrominera, y Santa Cruz, con Fomicruz, una firma que fue puesta como ejemplo de desarrollo por el fallecido presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación Julio de Vido. Todas mantienen asociaciones o intentan cerrarlas con empresas privadas.
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