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REGÍSTRATE AQUÍEl gobierno nacional en Argentina está analizando sancionar una
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 30 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
El gobierno nacional en Argentina está analizando sancionar una nueva ley de hidrocarburos que contemple la situación actual del millonario negocio petrolero, y así limitar el poder que actualmente tienen los gobernadores sobre la actividad.
Según publicó ayer La Nación, el objetivo es sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Pero la iniciativa colocaría en un lugar mucho más marginal a las empresas provinciales de petróleo, compañías que fueron especialmente estimuladas por el ex presidente Néstor Kirchner y por el ministro de Planificación, Julio De Vido.
El diario revela que es el propio Miguel Galuccio, presidente de YPF, quien se puso al frente de la discusión y promueve el debate para que se apruebe una nueva ley. Lo hizo como respuesta a un movimiento del gobernador neuquino, Jorge Sapag, que asustó a YPF al impulsar un proyecto de ley provincial para que, una vez terminadas las concesiones, vuelvan a la jurisdicción de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), su empresa provincial.
Galuccio cree que las provincias deben obtener regalías por el desarrollo de los proyectos petroleros y beneficiarse con la inversión de las empresas, pero no aparecer como intermediarios innecesarios en el camino.
Otras provincias petroleras tienen esquemas similares al de Neuquén. Chubut cuenta con Petrominera, y Santa Cruz, con Fomicruz, una firma que fue puesta como ejemplo de desarrollo por el fallecido presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación Julio de Vido. Todas mantienen asociaciones o intentan cerrarlas con empresas privadas.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.