Mientras gobiernos y empresas de todo el mundo rivalizan por captar inversionistas internacionales que impulsen la economía del país, compañías y fondos se enfrentan a un escenario donde las injerencias políticas, la corrupción y la falta de seguridad jurídica se han convertido en los principales obstáculos que deben abordar para cerrar con éxito una adquisición. En el mejor de los casos, se disparan los costos pero, en ocasiones, estas barreras pueden hacer fracasar la operación.
Aunque Latinoamérica, Asia o África parecen los escenarios más propensos a protagonizar este tipo de situaciones, Estados Unidos o Europa tampoco se libran, sobre todo cuando la transacción se refiere a sectores regulados, recursos naturales o activos industriales. En el caso de España, basta con recordar la reciente venta de Deoleo, donde los fondos de capital riesgo que pujaban por la aceitera española compitieron en una puja en la que intervinieron, en segundo plano, tanto el Gobierno español como el italiano.
Cuando se habla de corrupción, África es el continente más susceptible donde encontrarse con este tipo de problemas. Prácticamente, la mitad de las operaciones industriales que compañías o inversores internacionales han intentado cerrar en esta región se han encontrado con situaciones relacionadas con sobornos, según un estudio realizado por Baker & McKenzie, en colaboración con Financial Times y Mergermarket.
Desde el punto de vista legal, esto es especialmente crítico para las compañías europeas o estadounidenses, ya que en la mayoría de estos países existen leyes que castigan la utilización de cualquier tipo de soborno, aunque sea en el extranjero. Aunque África lidera el ránking de corrupción, le siguen Latinoamérica, Asia y Oriente Medio, con porcentajes que superan el 20%. “En algunos casos, hemos visto que un negocio es tan corrupto que no hemos querido ni tocarlo”, explica Andrew Martin, socio y director de mercantil de Baker & McKenzie en Singapur.
Jurisdicciones
En Europa y EEUU la situación no es tan delicada, pero aun así entre el 12% y el 13% de las empresas que han cerrado alguna operación en estas regiones se han encontrado con este tipo de problemas. Japón es uno de los países en los que mejor funcionan las cosas en este sentido, aunque en cada zona del mundo los problemas legales con los que se encuentran las compañías son diferentes.
En Oriente Medio el 43% de las transacciones tienen dificultades con escenarios tributarios más o menos inciertos, en los que las reglas de juego cambian sin previo aviso. “Cada vez es más común que los clientes nos pidan que trabajemos con previsiones sobre cómo las normas fiscales pueden cambiar en cada jurisdicción”, apunta Guillaume Le Camus, socio de Baker & McKenzie.
Seguridad jurídica
En Norteamérica y Europa, los problemas vienen del lado regulatorio. Cuando una operación se realiza en el sector de recursos naturales, como minería o energía, los obstáculos los ponen los organismos de competencia. Los países del Viejo Continente son los más reticentes a autorizar estas operaciones, seguidos de EEUU y Canadá.
Sin embargo, Europa puede presumir de ser de los menos intervencionistas a nivel político, mientras que los gobiernos de los países del continente americano, África y Asia se involucran en tres de cada diez operaciones que tengan que ver con los recursos naturales. Esta situación puede disparar los costos de cualquier transacción, ya que obliga a las compañías que quieren invertir en estas regiones a involucrar a sus gobiernos para que hagan de interlocutor e incluso a buscar el apoyo de otros grupos, como lobbies.
Retos legales para adquirir una firma extranjera
• Europa es el destino preferido de los inversores internacionales, ya que el 38% de las transacciones de todo el mundo se centran en esta región.
• El Viejo Continente destaca por su bajo nivel de corrupción (el 13% de las transacciones industriales), mientras que África es la peor zona (al menos el 50% de las operaciones).
• El 29% de las compras realizadas en los últimos meses se ha encontrado con dificultades por la incertidumbre del sistema fiscal de cada país.
• Otro problema habitual es la inseguridad que ofrecen las estructuras societarias complejas (holdings). Aunque legales, son opacas y no dan una imagen fiel del negocio.
• El 42% de los inversores que van a comprar una firma en un sector regulado (recursos naturales) implica a su Gobierno para que le ayude en la negociación.
• Otros riesgos legales a tener en cuenta son leyes de protección de datos, controles fronterizos, blanqueo de capitales o legislación laboral y medioambiental.
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