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REGÍSTRATE AQUÍUna encuesta revela que se cree que los problemas multijurisdiccionales irán en aumento los próximos años.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 27 de octubre de 2014 a las 05:00 hrs.
Cuando se piensa en hacer negocios a nivel mundial, las compañías tienen que incluir en su presupuesto el costo de los desencuentros y conflictos legales que pueden producirse con socios, clientes o proveedores. Anualmente, una gran empresa gasta, en promedio, US$ 6,6 millones para gestionar este tipo de problemas, sin tener en cuenta los que puede suponer la disolución de un contrato o la pérdida de una inversión.
La globalización ha traído un aumento de la litigiosidad transfronteriza. Las asesorías jurídicas de las compañías optan por diferentes estrategias para hacer frente a un problema que tiene un impacto directo en los resultados, ya que la seguridad jurídica es determinante para el éxito de un negocio.
Según la encuesta "Tendencias en disputas transfronterizas complejas", elaborado por Hogan Lovells, prácticamente la mitad de las compañías consideran que estos conflictos van a aumentar en los próximos años. Actualmente, los problemas multijurisdiccionales ya suponen un 30% de las batallas legales de las grandes compañías.
José Luis Huerta, socio de Hogan Lovells en Madrid, apunta que, según el informe, el 90% de las disputas internacionales implican como mínimo a dos o tres países, pero hay casos complejos en los que se ven involucradas hasta 50.
Conflictos
En cuanto a la naturaleza de los problemas, las disputas comerciales o contractuales son las más habituales, ya que concentran el 44% de los casos. Le siguen en el ránking los problemas de propiedad intelectual o los de competencia.
A la hora de plantear soluciones, todo depende del tipo de compañía. Unos prefieren romper el contrato y buscar otro socio o proveedor. Otros por llegar a un acuerdo comercial. El consenso de las empresas apuesta por la prevención, incluyendo cláusulas en los contratos, como las de arbitraje o eligiendo jurisdicciones seguras.
El 29º Juzgado Civil de Santiago desestimó con costas la solicitud de la matriz del grupo , argumentando que la sanción de noviembre de 2025 mantiene vigente la legitimación del regulador.
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