La nueva intersección entre sostenibilidad y cumplimiento
Por Paola Piña, socia líder ESG Latin America Hub en RSM #SoyPromociona
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Paola Piña, socia líder ESG Latin America Hub en RSM #SoyPromociona
La gestión y las políticas de sostenibilidad deben dejar de ser un accesorio en la estrategia empresarial para convertirse en una necesidad impostergable. La Ley 21.595 de Delitos Económicos, que entra en vigencia el 1 de septiembre, refuerza este cambio y establece un nuevo marco de responsabilidad para las empresas, en un contexto donde el interés por el cambio climático y la sostenibilidad ha crecido ante la evidencia práctica de sus consecuencias. Esta ley determina un momento a partir del cual la sostenibilidad y el cumplimiento se entrelazan ineludiblemente.
Si bien la implementación de la NCG 461 ha impulsado un avance significativo, estableciendo obligaciones de divulgación de sostenibilidad para entidades informantes y empresas reguladas -marcando la “mejor práctica local”- la nueva Ley de Delitos Económicos elevará considerablemente los estándares para todas las compañías, cambiando la importancia de las políticas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) dentro de la estrategia corporativa.
Ya no se trata solo de evitar multas o sanciones más severas, sino de asumir una responsabilidad que involucra a todos, desde la alta dirección, los colaboradores y los proveedores. En este escenario, las empresas que integren de manera sólida la sostenibilidad estarán mejor preparadas para gestionar y mitigar los riesgos legales y penales y capturar las oportunidades que surgen de ello.
Aún existe la creencia errónea entre algunos -y esto lo digo con responsabilidad, porque lo escucho frecuentemente- que la gestión ESG es solo para grandes empresas o que la relacionan con meramente acciones o inversiones sociales. La nueva ley deja en claro que el incumplimiento o la negligencia pueden resultar en consecuencias penales, independiente de la industria o el tamaño de la organización y esta realidad requiere un cambio profundo en la forma en que las empresas abordan su responsabilidad y definen sus modelos de prevención de delitos.
Lo anterior lo podemos ejemplificar considerando tan solo uno de los pilares ESG, el ambiental: la nueva Ley 21.595, en esta categoría de delitos, incluye 57 nuevos tipos penales específicos.
En un entorno donde la sostenibilidad ya había ganado un lugar central en las campañas de marketing y comunicación, esta ley pone de manifiesto que ya no es un asunto que se pueda tratar superficialmente, sino que demanda tener una nueva perspectiva de la gestión de riesgo y del desempeño sostenible de las empresas.