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Publicado: Miércoles 18 de diciembre de 2013 a las 05:00 hrs.
Las reformas estructurales aprobadas servirán para llevar a un crecimiento de la economía mexicana de 5,3% al cierre de la presente administración y para superar el millón de empleos anuales, para lo cual será necesario elevar los ingresos tributarios a 11,6% del PIB, según se establece en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide).
En el documento que difundió Hacienda se establece que en un escenario de crecimiento inercial sólo se podrían crear 300.000 puestos de trabajo. Se asegura que la adecuada implementación de la agenda de reformas será un elemento clave para aumentar el atractivo de México como destino de la inversión doméstica y extranjera.
Refiere que ya se aprobó una serie de reformas, como la laboral, que flexibiliza el mercado de trabajo; la educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza; y la fiscal, que hace al sistema tributario más eficaz y progresivo. Además, ya se tienen cambios estructurales en telecomunicaciones y competencia económica, que incrementan la competencia en el sector, y una reforma financiera cuyo objetivo es lograr mayor disponibilidad de crédito, en mejores condiciones. Asimismo, se asegura que la reforma energética recién aprobada garantizará el mayor abasto y menores precios de los insumos energéticos.
La visión del FMI
Acorde con lo anterior, economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacaron que México ha dado pasos muy significativos y profundos en su agenda de reformas estructurales, lo que facilitará un crecimiento de largo plazo que, siendo cautelosos,
podría llegar hasta 4%.
El economista senior para México en el organismo, Esteban Vesperoni, destacó que no es una expectativa menor si se consideran las dos décadas que tenía México creciendo a un promedio de 2,5%.

Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.