Inquietud está generando en la banca algunos aspectos del documento denominado “Lineamientos para una Ley de Conglomerados Financieros en Chile”, elaborado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El 1 de agosto, el regulador publicó el white paper de la iniciativa, dando plazo hasta fin de año para que los actores del mercado hagan sus comentarios a la propuesta. Posteriormente, se presentará el documento final al Ministerio de Hacienda.
La propuesta de la CMF que genera mayor ruido en la banca son los requerimientos de gobierno corporativo a través del rol que ejercen los directores de empresas y ejecutivos relevantes dentro de un holding financiero.
“Asegurar la independencia de los directorios de las diversas empresas que lo compongan, evitando que una misma persona ocupe más de un directorio o cargo con poder de decisión al interior del conglomerado”, postula la CMF.
En concreto, la Comisión presidida por Solange Berstein, propone que el conglomerado “debería, además, asegurar la independencia de los directorios de las diversas empresas que lo compongan, evitando que una misma persona ocupe más de un directorio o cargo con poder de decisión al interior del conglomerado. Esto se debería aplicar solo a los que sean elegidos con votos del conglomerado”.
Los afectados
De plasmarse esta idea en un proyecto de ley, varios banqueros locales se verían afectados ya que no podrían participar en directorios de empresas relacionadas.
Por ejemplo, el presidente de Bci, Luis Enrique Yarur, tendría que decidir si mantenerse a la cabeza del banco o como timonel de Empresas Juan Yarur, sociedad con la cual la familia Yarur controla el banco y los negocios de seguros.
Una situación similar podría ocurrir con el empresario Andrónico Luksic, quien ejerce como vicepresidente de Banco de Chile y presidente de LQ Inversiones Financieras. Lo mismo ocurriría con su hermano, Jean Paul Luksic, director de ambas compañías.
Por su parte, el presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo, también podría verse afectado ya que encabeza el directorio de Banchile Inversiones y participa en la mesa de LQ Inversiones Financieras.
En el eventual listado estaría el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, que tiene una silla en el directorio de LQ Inversiones Financieras y de Banco de Chile.
Otro de los afectados podría ser el presidente de Grupo Security, Renato Peñafiel, quien además se desempeña como presidente del banco. También, el gerente general de Consorcio Financiero, Patricio Parodi, quien ejerce además como presidente de Banco Consorcio.
La mirada de los expertos
La abogada y socia de Morales & Besa, Andrea Díaz, considera que limitar la participación de los directores y ejecutivos de un conglomerado financiero no sería lo más apropiado. “Podría ser excesivo, puesto que en los últimos años se ha avanzado bastante en regulación que busca evitar o mitigar riesgos que puedan estar relacionados a la falta de independencia de los directores o a la adecuada gestión de los conflictos de interés”, dice.
Además, destaca los avances logrados mediante la Ley de Gobiernos Corporativos, el nuevo reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, y las normas de interlocking.
Similar visión plantea el abogado y socio de Alessandri, Felipe Cousiño, quien dice que “lo importante es que existan mecanismos que se refieran en alguna medida a sus cualidades o aptitudes, pero que no necesariamente se excluya la posibilidad de que ciertas personas tengan presencia en más de un directorio del conglomerado”.
En tanto, el abogado y socio del estudio Palma, Juan Eduardo Palma, indica que si bien es valorable establecer una regulación prudencial basada en el manejo de riesgos, la participación de directores de un mismo conglomerado en empresas de éste, “puede ser positivo, pues permite una visión global del manejo de las compañías en general y se entienden las sinergias intragrupo, por ejemplo, en relación con el acceso a financiamiento”.
De llegar a materializarse esta idea, el abogado y socio de Dentons, Luis Izquierdo, apunta que sería clave que, “cualquier regulación que afecte la normativa actual, debería considerar un periodo de ajuste suficiente para que las entidades locales puedan adecuarse a las nuevas exigencias”.
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