La comisión de Hacienda del Senado analizó este martes el proyecto de ley que busca modificar la Ley de Fraudes, antes las pérdidas reportadas por la industria financiera por el mal uso de esta legislación.
Entre los participantes de la sesión estuvo Coopera, gremio que reúne a las cooperativas de ahorro y crédito. Expusieron que, antes de 2022, por cada $ 1 millón transado, se reportaban $ 93 de fraude. Sin embargo esta cifra cambió y al cierre de 2022, por cada $ 1 millón transado el fraude reportado ascendió a $ 587, es decir, 6,3 veces más alto.
En cuanto a los fraudes, al término del primer semestre de 2023, las cooperativas reportaron pérdidas por $ 639 millones, anotando un alza de 85% respecto a 2022. El 70% de los montos comprometidos corresponden a montos inferiores a UF 35, equivalente a un poco más de $ 1,2 millones.
En lo que corresponde a autofraude durante 2023, esto es, personas que inventaron que fueron afectadas por un desfalco, los montos alcanzaron los
$ 505 millones.
Desde Coopera manifestaron en el Senado que “la Ley de Fraude produjo un desequilibrio en el funcionamiento del sistema de medios de pagos, permitiendo abusos y actividades delictuales”.
Las agresiones
Otro de los expositores en la sesión fue el Sindicato BancoEstado, una de las principales organizaciones de trabajadores de la banca con casi 10 mil socios.
El sindicato aseguró a los parlamentarios que en 2023 las transacciones no reconocidas aumentaron en 600% en BancoEstado. También, denunciaron que “se han masificado audios explicando cómo realizar la operación, incentivando a personas a realizar las acciones, a sabiendas que las sanciones son nulas”.
Uno de los puntos más preocupantes que acaparó la atención de los senadores fueron las denuncias de agresiones que han sufrido los trabajadores del banco. El sindicato hizo ver que “existen muchos casos de violencia física y verbal, hacia trabajadores. Sufren acoso y amenazas, incluso fuera de sus lugares de trabajo, a través de redes sociales”.
Esto, pues ante reiterados casos de fraudes en un cliente, el banco procede a cerrar la cuenta debido al riesgo. Ante ello, la persona acude a reclamar presencialmente a una sucursal bancaria.
La propuesta del Retail Financiero
En tanto, el gremio de Retail Financiero presentó una propuesta en el Congreso para modificar la Ley de Fraudes.
Entre las ideas que planteó el gremio es que se reconozca que el cumplimento de las normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) constituye una eximición de responsabilidad, por ejemplo, cuando se usan tecnologías para realizar verificación avanzada, análisis de patrones o comportamientos sospechosos, datos biométricos, para validar la legitimidad de transacciones.
Otra recomendación es que se reforme la Ley del Consumidor para casos de autofraude con el objetivo de permitir al emisor el término de contrato, reducción de líneas de crédito y/o bloqueo de cuentas ante patrones de conducta sospechosos, como medida preventiva.
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