Con cambios al Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), ajustes a la Ley de Fraudes y un mayor costo fiscal al inicialmente proyectado, la reforma al mercado de capitales (MK4) entró esta semana en una etapa decisiva de su tramitación.
Este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara comenzará su votación en particular, con miras a despacharla el miércoles.
En la antesala, el Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores ingresaron indicaciones al proyecto presentado el 9 de septiembre. Entre las modificaciones del gobierno figuran nuevos beneficios tributarios que llevaron al Ministerio de Hacienda a elevar las estimaciones de costo fiscal de la iniciativa.
Solo para 2027, el efecto fiscal negativo estimado, sin considerar los ingresos asociados al crecimiento económico, aumentó en cerca de $ 150 mil millones respecto del proyecto original.
Uno de los principales ajustes del Ejecutivo apunta al Fonavi. Mientras el proyecto original establecía que las instituciones originadoras debían asumir una primera pérdida mediante un deducible por cada crédito hipotecario transferido, el gobierno propuso -como indicación- que se aplique sobre la cartera completa de cada originador, según su riesgo.
La exención de IVA a la administración de fondos implicaría una menor recaudación fiscal de $ 98.861 millones en 2027, según el informe financiero complementario de la Dipres.
Dicha modificación establece que las pérdidas se imputarán acumulativamente, “sin que proceda aplicar el deducible de manera independiente a cada crédito”.
Además, propuso restringir el mecanismo a personas naturales que financien su única vivienda, excluyendo a las jurídicas. También permitirá aportes de capital privado a los fondos y estableció una evaluación de su funcionamiento cada cuatro años.
En la Ley de Fraudes, el gobierno dio marcha atrás en una de sus propuestas originales. El proyecto ingresado en septiembre buscaba reemplazar el estándar de “dolo o culpa grave” por “culpa leve” para determinar la responsabilidad de los usuarios ante operaciones fraudulentas.
Sin embargo, en las indicaciones se retiró ese cambio y mantuvo el estándar vigente de “dolo o culpa grave”.
En materia tributaria, el Ejecutivo propuso un beneficio para las administradoras de fondos. El texto establece que “estará exenta la remuneración por la gestión de los fondos a que se refiere la Ley Única de Fondos (LUF)”, ya sea cobrada al fondo o a sus partícipes.
Asimismo, se incorporó un régimen especial para sociedades holding, con beneficios tributarios para determinadas rentas provenientes de participaciones extranjeras y distribuciones a no residentes. Entre los requisitos figuran una participación mínima de 5%, un año de tenencia y gestión efectiva en Chile.
Propuestas parlamentarias
El Fonavi también concentró las indicaciones parlamentarias, principalmente sobre los riesgos que asumirán los bancos y el Estado.
En contraste con la propuesta del Ejecutivo, que no fijó un piso legal para el deducible, diputados de distintos sectores plantean porcentajes mínimos que van desde 3,5% hasta 5%, con distintas fórmulas de aplicación y exigencias adicionales para los créditos hipotecarios.
Otras indicaciones buscan limitar las garantías estatales a US$ 10 mil millones, así como también restringir la participación de BancoEstado al 50% del volumen de los activos de cada licitación; y establecer plazos máximos para el funcionamiento del fondo o la constitución de nuevas carteras.
La Ley de Fraudes también recibió indicaciones orientadas a reforzar la autenticación de pagos no presenciales y exigir antecedentes técnicos para acreditar la responsabilidad de los usuarios.
Crece costo fiscal y las bonificaciones estatales
Asimismo, las indicaciones del Ejecutivo elevan el costo fiscal proyectado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a lo largo de todo el período estimado (el cálculo contempla 15 años).
Solo en 2027, primer año de la proyección -y cuando se espera que el Fonavi esté operativo-, el efecto fiscal negativo pasaría de $ 87.672 millones en el proyecto original a $ 237.246 millones con las modificaciones, sin considerar los ingresos esperados por un mayor crecimiento económico.
Pero, si se incorporan los ingresos que Hacienda estima por un mayor crecimiento económico, el resultado mejora, aunque la diferencia entre ambas versiones de la reforma persiste. Para 2027, el saldo pasaría de $ 54.258 millones negativos en el proyecto original a $ 203.098 millones negativos con las indicaciones.
Las proyecciones también muestran un cambio en los plazos. Mientras el proyecto original contemplaba que el efecto fiscal anual comenzaría a ser positivo en 2032, las nuevas estimaciones postergan ese resultado hasta 2034. Sin considerar los ingresos asociados al crecimiento, el balance se mantendría negativo durante todo el período proyectado, hasta 2041.
Detrás del mayor costo fiscal proyectado, hay dos medidas que mueven la aguja. La primera es la exención de IVA a la administración de fondos, que implicaría una menor recaudación de $ 98.861 millones en 2027, según el informe financiero complementario. Dicho efecto aumentaría a $ 119.746 millones en el décimo año de aplicación.
La segunda corresponde al Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV). Originalmente, la bonificación estatal de 3% para completar el pie comenzaría a operar después de 30 meses desde la entrada en vigencia de la ley, sin embargo, las indicaciones permiten anticipar el beneficio para quienes ya acrediten ese período de ahorro.
La Dipres estima que esta modificación agregará $ 50.713 millones de gasto fiscal en 2027 y $ 13.348 millones en 2028, con una proyección de 18.886 beneficiarios.
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Sofía Fuentes
