El conflicto suscitado por las tarifas de transferencias electrónicas interbancarias que aplicaba BancoEstado al resto del sistema aún es un tema que no superado.
El jueves 5 de octubre, Scotiabank presentó una demanda en contra la compañía estatal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando una indemnización de casi US$ 32 millones a raíz de los perjuicio económicos que habría tenido la firma canadiense por los mayores cobros que le aplicó BancoEstado.
El caso se remonta a 2017, cuando los bancos BICE, Security, Scotiabank, BBVA, Internacional, e Itaú presentaron una batería de demandas en contra de BancoEstado ante el TDLC, acusando un abuso de posición dominante en relación con las tarifas interbancarias cobradas por la recepción de transferencias electrónicas. Esto, pues la firma estatal aplicaba tarifas diferenciadas entre los bancos acorde a su tamaño.
La Corte Suprema dictaminó a BancoEstado en abril de 2022 que debía fijar una tarifa única para las transferencias electrónicas a través de un proceso de autorregulación debido a que el esquema de cobros diferenciados resultaba contrario a la libre competencia y era discriminatorio. Cuatro meses después, el TDLC ordenó a BancoEstado acatar el fallo del máximo tribunal del país.
Desde el año pasado hasta abril, BancoEstado fichó para este proceso los servicios de asesoría de Butelmann Consultores para determinar el modelo de cobros que se dio a conocer hace seis meses atrás.
Así, la tarifa para transferencias electrónica interbancaria será de UF 0,01 para tarjetas de crédito y de UF 0,0019 para las transferencias de débito. El banco aseguró que este esquema establece “montos igualitarios y no discriminatorios”, cumpliendo la sentencia de la Justicia.
Los antecedentes
A pesar de lo anterior, la molestia en la banca continúa. Primero, Banco BICE presentó una demanda por indemnización de los perjuicios que sufrió. Y ahora se sumó Scotiabank.
En el escrito presentado por los abogados Andrés Rioseco, Valentina Guevara y Christopher Rodríguez del estudio González & Rioseco, apuntaron que Scotiabank “ha sufrido cuantiosos perjuicios como consecuencia del actuar discriminatorio, arbitrario y contrario a las normas de defensa de la libre competencia de BancoEstado”.
Scotiabank aseguró en su demanda que a pesar de los fallos de los tribunales, BancoEstado continuó cobrando la tarifa original hasta el 10 de mayo de 2022.
Por ello, la firma de capitales canadiense acusó a BancoEstado que ha estado cobrando “durante muchos años, una tarifa anticompetitiva, que duplicaba la que finalmente fue definida en su proceso de autorregulación por el propio demandado. La diferencia que resulta por la aplicación de ambas, corresponde que sea indemnizada”.
Así, recalcaron que el monto de la indemnización que debería pagar BancoEstado debe contener el daño emergente ajustado y los intereses corrientes desde la época de la infracción hasta el cese del cobro de tarifas discriminatorias.
“BancoEstado privó a Scotiabank de una legítima ganancia, consistente en los intereses que habría percibido, de haber contado para entregarlo en mutuo, con el dinero que BancoEstado le cobró en exceso mediante la tarifa discriminatoria”, enfatizó la defensa de Scotiabank.
Las estimaciones de Scotiabank es que la indemnización total asciende a un poco más de $ 30.140 millones, equivalente a casi US$ 32 millones.
Consultado por DF, BancoEstado declinó hacer comentarios para esta nota.
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