Comienza a cerrar el capítulo por la disputa que enfrentó BancoEstado con un grupo de bancos privados -Scotiabank, Itaú, BICE, Security e Internacional- por el cobro de recepción de transferencias electrónicas interbancarias que mantenía la compañía estatal.
Cabe recordar que la Corte Suprema dictaminó en abril que las tarifas que estableció BancoEstado por recibir las transferencias electrónicas de este grupo de entidades privadas eran ilegales y atentan contra la libre competencia. Por ello, mandato al BancoEstado a establecer “montos igualitarios y no discriminatorios”.
La segunda parte de la historia vino luego que BICE acusó a BancoEstado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) de no acatar el fallo de la máxima instancia judicial del país. Al reclamo se sumó Scotiabank, Itaú, Security e Internacional.
La firma estatal se defendió y argumentó que “la autorregulación de tarifas no es un acto inmediato y que se realice sin mayor análisis ni estudio al respecto, sino que es en sí mismo un proceso, el que requiere de un análisis serio y acabado, junto con consideraciones de modelos de cumplimiento, aspectos económicos, comerciales, financieros, entre otros, razón por la cual comprende más consideraciones que la sola fijación, a ciegas, de una tarifa”.
De hecho, BancoEstado contrató el 23 de mayo los servicios de Butelmann Consultores para que lleve a cabo un informe sobre tarifas por el servicio de recepción de transferencias electrónicas que el banco provee a los bancos comerciales.
Scotiabank incluso volvió a criticar a BancoEstado por estos días por la nula disposición de cambiar las tarifas a pesar de la resolución de la Corte. En unos de últimos escritos antes de la resolución del TDLC, apuntó que el fallo “no se sigue, en ningún caso, el absurdo de que BancoEstado se encuentre habilitado para, en el intertanto, seguir cobrando tarifas declaradas como discriminatorias y contrarias a la libre competencia”.
El banco canadiense hizo ver que “cabe presumir que BancoEstado buscará incorporar supuestos costos a su nueva tarifa interbancaria que la Corte Suprema consideró abiertamente injustificados y contrarios a la libre competencia, lo que de ningún modo puede ser permitido por este Tribunal”.
Las razones del TDLC
Las justificaciones de BancoEstado ante el TDLC no fueron suficientes para sus ministros. El miércoles resolvió ordenar al banco estatal a cumplir la sentencia y recordó que “se desprende que el cumplimiento de lo ordenado no se encuentra sujeto a plazo o condición”.
Manifestó que la contratación de Butelmann Consultores y de otros procesos para zanjar las tarifas, “solo dan cuenta de acciones internas de dicho banco para definir una tarifa que a futuro daría cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia”.
El TDLC recalcó que el fallo de la Suprema “es pura y simple y no se encuentra sometida a plazo o condición”.
Enfatizó que BancoEstado “de iniciar un proceso de autorregulación de tarifas, de duración indeterminada, es independiente del cumplimiento a lo dispuesto por la Corte en la sentencia, ya que esa decisión no obsta a que BancoEstado, en el intertanto, de cumplimiento a lo resuelto y cobre tarifas igualitarias y no discriminatorias por el servicio de transferencias interbancarias”.
Antes del fallo de la Suprema y de acuerdo a los antecedentes del caso, BancoEstado tenía una tarifa para Santander, Banco de Chile y Bci de UF 0,01 más IVA. Mientras que Scotiabank debía pagar UF 0,02 más IVA y los bancos más pequeños como BICE, Security e Internacional debían pagar UF 0,03 más IVA.
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