Otro de los cuatro imputados del caso Sartor que quedaron en prisión preventiva busca revertir la medida tomada por el Cuarto Juzgado de Garantía.
La defensa de Michael Clark, comandada por el abogado Bernardo Rosenberg, acudió a la Corte de Apelaciones e ingresó un recurso de amparo en contra del fallo del tribunal y su jueza, Paulina Moya. El imputado se mantiene cumpliendo su cautelar en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
El abogado del expresidente de Azul Azul ingresó el recurso “por adolecer dicha resolución de una falta de fundamentación que la torna ilegal y que, en consecuencia, hace ilegal la privación de libertad que de ella deriva, solicitando desde ya que se acoja la acción, se deje sin efecto la prisión preventiva y se dispongan, en su lugar, las medidas del artículo 155 del Código Procesal Penal que V.S. Iltma. estime conducentes”, argumentó.
Sustento de la prisión preventiva
De acuerdo con Rosenberg, el recurso busca “que se constate que la resolución que privó de libertad al amparado no expresó, en forma clara y precisa, los antecedentes calificados que permitirían tener por concurrente la necesidad de cautela, y que esa omisión vuelve ilegal la privación de libertad”.
Así, mientras la resolución del juzgado apuntó a que Clark representa un peligro para la sociedad y el éxito de la investigación, su defensa aseguró que “ninguna de las dos hipótesis invocadas fue desarrollada con antecedentes propios y verificables: la primera se construyó sobre la gravedad abstracta de la imputación, la pena probable y el número de delitos; la segunda, sobre una posibilidad genérica de interferencia, sin identificar diligencia, evidencia ni persona alguna”.
“Sin perjuicio de los fundamentos de la resolución impugnada por la presente acción constitucional, esta establece erradamente que respecto de mi representado concurre el peligro para la investigación, amparándose la resolución en una conversación del amparado con un coimputado, de fecha anterior incluso a la resolución de revocación de licencia de Sartor AGF, y previo al inicio de la investigación del Ministerio Público”, añadió.
Mientras que “tampoco existe pericia al respecto, que pueda establecer con un criterio objetivo la finalidad de la comunicación aludida”, sostuvo la defensa de Clark.
“Además, los antecedentes aportados por el coimputado Hugo Baranda (quien señaló que Clark le pidió borrar mensajes de texto y chats grupales) no corresponden a una extracción completa, sino que un extracto de ciertos mensajes con el amparado, sin trazabilidad”, afirmó Rosenberg.
Lo anterior, pese a que “nuestro representado explicó aquellas circunstancias en sus extensas declaraciones”, aseguró.
Ilegalidad
En tanto, la defensa de Clark sostuvo que el tribunal tampoco argumentó por qué la medida cautelar de arresto domiciliario pedidas por los abogados del imputado resultaron "insuficientes, ni se hizo cargo de la oposición fundada que la defensa formuló en la audiencia”.
“La ilegalidad denunciada es, además, especialmente evidente porque la propia resolución contiene reconocimientos expresos que operan en favor del amparado -abstenciones, no atribución de decisiones posteriores, ausencia de recepción de un informe determinante, insuficiencia de antecedentes respecto de una de las figuras imputadas- y que, sin embargo, no fueron ponderados al momento de decidir la cautelar”, señaló Rosenberg.
De esta manera, “una resolución que reconoce elementos que debilitan la imputación y, no obstante, concluye en el encarcelamiento sin explicar el tránsito lógico entre unos y otros, no es una decisión fundada”, apuntó.
Finalmente, recalcó que “el amparado carece de antecedentes penales, tiene arraigo social y familiar acreditado, según consta en el informe psicosocial acompañado en el otrosí respectivo de esta acción constitucional, compareció voluntariamente a declarar, diligencia que se extendió por cuatro largas jornadas, hizo entrega de su pasaporte a la Fiscalía en su primera comparecencia, puso a disposición del Ministerio Público sus dispositivos y claves, consintió en el levantamiento de su secreto bancario y se presentó a una audiencia cuya consecuencia previsible era la solicitud de prisión preventiva”.
“Ninguna de esas circunstancias fue ponderada en la resolución impugnada”, concluyó el recurso.