Sigue avanzando el proceso penal contra el empresario Gabriel Urenda, dueño del holding Intervalores, acusado de estafa reiterada y falsificación de documentos, entre otros. Luego de incorporar a las víctimas fuera de Santiago, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, decidió reformalizar a Urenda y a quien fue su mano derecha en Intervalores, Sebastián González Chambers.
Eso sí, los planes de una nueva formalización por la arista de la estafa a una serie de compañías de factoring cambiaron. El Ministerio Público decidió dejar pendiente la formalización de Ricardo Espinoza Segura, representante de la firma Resso, acusado de estafar junto con Urenda a estas firmas.
“Los cargos a reformular son respecto a los mandatos de inversión, incluir más víctimas de las que estaban formalizados con anterioridad”, dijo Sepúlveda, agregando que “con lo que tenemos ahora están casi todas las víctimas”, dada la incorporación de casos en regiones.
Considerando los nuevos mandatos incorporados al caso, el abogado sostiene que el monto defraudado supera los $ 10.000 millones.
Tanto Urenda como González se encuentran actualmente con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación por estafa y apropiación indebidas, entre otras infracciones.
El dueño de Intervalores, hijo del empresario Beltrán Urenda, fue formalizado en noviembre del año pasado, mientras que el turno de González, ex gerente comercial del holding, se llevó a cabo a principios de enero de este año.
La arista factoring
Según documentos presentados por Servifin, uno de los dos factoring que están dentro del coro de querellantes contra Intervalores, Resso emitía facturas a Intervalores en base a un proyecto de la planta de relaves de Codelco - Ministro Hales, para luego cederlas a las firmas de factoring. Era el mismo Urenda, indican los antecedentes enviados a Fiscalía, quien confirmaba los documentos.
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Realizada la transacción, los factoring pagaban la factura con el respectivo descuento a Resso, pero Servifin señala que Intervalores nunca realizó los pagos y Resso nunca respondió por los títulos impagos. Es más, según los antecedentes de Servifin, el proyecto de Codelco era ficticio.
Sin embargo, se decidió postergar la formalización de Espinoza a la espera de que se realicen diligencias sobre si el negocio con las facturas efectivamente se concretó, para determinar si es que fueron documentos ideológicamente falsos.
“Urenda tenía que pagar y no pagó. Eso es una realidad. Lo que Espinoza dice es que las operaciones efectivamente existieron”, explica el fiscal Sepúlveda, por lo que esa arista queda abierta por el momento.
Si bien sólo Servifin y Logro presentaron querellas contra Urenda, los datos enviados por la primera al Ministerio Pública señalan que serían nueve las firmas del rubro afectadas, con un perjuicio que alcanzaría los $ 543 millones.
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