Un total de 812 días pasaron desde que el Gobierno ingresó el proyecto de ley de reforma previsional al Congreso, en noviembre de 2022.
Tras un sinfín de discusiones, períodos de tramitación stand by, debates en mesas técnicas, dos informes del grupo de expertos y 979 páginas del texto comparado con el que se votó la reforma este lunes en la Sala del Senado.
Pero la iniciativa que entró al Parlamento dista mucho de la que está viviendo su semana más decisiva.
10% cada dos años es la proporción del stock de afiliados que será licitado.
El programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric contemplaba el fin a las AFP y la totalidad de la cotización sería administrada por un “órgano público autónomo y técnicamente idóneo”. En tanto, el proyecto que ingresó el Ejecutivo en 2022 establecía que el 6% de la cotización adicional sería destinado a un Seguro Social.
Sin embargo, la falta de viabilidad política llevó a la iniciativa a tener una serie de cambios, los que se oficializaron en dos instancias: diciembre de 2023 en la Cámara de Diputados y en enero de este año, tanto en la comisión de Trabajo del Senado como en la de Hacienda.
¿Cómo pasa el proyecto a la Sala de la Cámara Baja, que se espera vote la iniciativa este miércoles?
La distribución de la cotización adicional fue uno de los nudos más críticos de la reforma y fue uno de los artículos que se rechazó en la tramitación en la Cámara, en enero de 2024.
Tras el acuerdo en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, hace algunas semanas el Gobierno ingresó nuevas indicaciones con una cotización extra subiendo de 6% a 7%.
De ésta, un 4,5% irá directamente a cuentas de capitalización individual, mientras que un 1,5% será destinado al nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) con el fin de financiar el beneficio de UF 0,1 por años cotizados y el “Aporte con Rentabilidad Protegida”, lo que durante la tramitación se ha conocido como “préstamo”.
Todo lo anterior, se suma a un 2,5% -actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) más una compensación para mujeres por mayor sobrevida-, que tambén será destinado a este fondo. De esta manera, la cotización total de parte del empleador, según esta ley, llegará a 8,5%.
De ese total, cuatro puntos porcentuales -el 2,5% y el 1,5%- serán recepcionados por el Seguro Social que se crea con la reforma, que entregará beneficios para mejorar pensiones de actuales jubilados y compensar a las mujeres.
La gradualidad establecida para la cotización adicional es de nueve años, pero en la medida que la evaluación de la Ley de Cumplimiento Tributario dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, se elevará a once años.
El funcionamiento del FAPP sufrió una serie de cambios en los últimos días.
Tras la discusión de los riesgos fiscales advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en la comisión de Hacienda, se estableció una nueva gobernanza del FAPP que estará compuesto por un consejo directivo de cinco integrantes designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado, tal como se realiza en el caso del Banco Central.
Además, dentro de las últimas indicaciones se consideraron en el proyecto los casos en que el fondo fuera deficitario o superavitario.
Licitación del stock
Uno de los ajustes más trascendentales que se generan con la reforma es la licitación del stock de afiliados por precio.
Eso sí, a una razón menor a la del proyecto original del Gobierno: 10% cada dos años en vez de anualmente.
Además, la entidad que se gane el concurso deberá mantener el precio inalterado por cinco años y no por diez años como lo establecía el proyecto original del Ejecutivo.
También, los afiliados licitados podrán desistir de la subasta o cambiarse de inversor en cualquier momento y dentro de los cambios relevantes que se hicieron en el Senado radica una fórmula para resguardar la libertad de elección.
Otra modificación relevante que se acordó para la industria fue que se establezcan premios y castigos para las AFP -o el inversor que entre al sistema- en función de la rentabilidad de los fondos previsionales.
La consigna del fin a las AFP quedó fuera del proyecto por falta de viabilidad política.
La idea original separaba la industria, mientras que el proyecto actual promete mayor competencia, sin eliminar a las AFP, sino que permite la entrada de nuevos actores. Con ello, se traduce en una especie de separación voluntaria.
Las indicaciones que ingresó La Moneda en acuerdo con Chile Vamos establecen que las AGF que no sean filiales de una entidad bancaria y cajas de compensación podrán constituirse en una administradora de fondos de pensiones.
Además, se permite subcontratar las funciones de soporte entre los cuales podrá operar el Instituto de Previsión Social (IPS).
Por último, la iniciativa establece el fin de los multifondos que operan desde 2002 y la creación de fondos generacionales, esquema que existe en otros países, como Reino Unido, EEUU y México, entre otros.
Los fondos generacionales entrarán en vigencia a partir del primer día del mes número 25 siguiente a la publicación de la ley.
La iniciativa también contempla un alza a $ 250 mil de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Una de las intenciones del Ejecutivo que quedó en el camino fue la de universalizar el beneficio.
Otra de las modificaciones contempla una gradualidad por grupo etario. Así, los primeros beneficiarios que recibirían el alza de la PGU lo harán a los seis meses de publicación de la ley y corresponderán a las personas de 82 años o más que califiquen para el beneficio.
La gradualidad se completaría a partir de los 24 meses, vale decir a los 30 meses desde la aprobación de la reforma previsional.
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