En febrero el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se reajustará por IPC hasta los $ 224 mil.
En paralelo, más allá del reajuste que quedó establecido por ley en enero de 2022 -cuando se creó esta política pública- el actual Gobierno planea subirla a $ 250 mil a través de la reforma de pensiones.
En la última sesión de la comisión de Trabajo del Senado, el Ejecutivo presentó su propuesta de transición, o gradualidad, para implementar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), lo que se llevaría a cabo si se logra aprobar la reforma de pensiones.
La nueva transición propuesta modifica lo que fue aprobado en enero de 2024 en la Cámara de Diputados. Así, prioriza a las personas mayores dentro del grupo de beneficiarios de la PGU y contempla una gradualidad de dos años, plazo menor a los cuatro años que establecía el texto que salió de la Cámara Baja y donde se priorizaba por montos bajos de pensión (nivel de la pensión base) y no por edad del beneficiario.
El cálculo que propone el Gobierno en la fórmula, se determina utilizando como reestricción el marco presupuestario que incorpora las estimaciones de ingresos producto de la ley de cumplimiento tributario y los gastos comprometidos.
En cuanto a las fechas de pago, la nueva propuesta plantea que los $ 250 mil se entreguen a partir de los seis meses desde publicada la ley para los primeros beneficiarios. Éstos serían beneficiarios de PGU de 82 años o más; beneficiarios de leyes de reparación de 82 años o más, que hoy reciben PGU parcial y con esto la recibirían completa y por último, beneficiarios de invalidez y subsidios de discapacidad mental.
El segundo grupo, en tanto, entraría a partir de los 12 meses posteriores al inicio de la transición. Se trataría de aquellos beneficiarios de PGU de 75 años o más y de los de leyes de reparación de 75 años o más, quienes también se incorporan con la nueva regla de cálculo, accediendo a la PGU de $ 250.000 (debidamente reajustada).
En tanto, el último tramo es a partir de los 24 meses posteriores al inicio de la transición, cuando esta se termina. En ese momento, se incorpora en el alza total a los mayores de 65 años (inclusive) beneficiarios de PGU y de leyes de reparación.
Cambios respecto de la Cámara
El proyecto aprobado de la Cámara de Diputados establecía que la primera fecha era a partir de los nueve meses de publicada la ley y verificados los indicadores fiscales se fijaba que incrementaba a $ 250 mil para aquellos que no reciben ninguna otra pensión que la PGU, vale decir solo tienen aportes no contributivos.
En tanto, la fórmula que fue aprobada en enero planteaba que a partir de los de los 12 meses siguientes, se incrementaba al valor de $ 250 mil debidamente reajustados a aquellas personas cuya pensión base es igual o inferior a $100.000. En tanto, desde los 24 meses siguientes, se aumentaba para aquellos que tenían una pensión base superior a $ 100 mil e igual o inferior a $ 400 mil.
Por último, la transición a la que la Cámara dio luz verde establecía que a partir de los 36 meses siguientes, se subía a quienes tenían una pensión base superior a $ 400 mil.
En cuanto al financiamiento, la transición de la Cámara Baja las fijaba de acuerdo a metas de cumplimiento de ingresos estructurales del Fisco. En tanto, la propuesta actual de La Moneda, la establece en una ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributaria dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.
El nuevo calendario propuesto por La Moneda generó debate en la comisión. El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), planteó la complejidad de que la fecha del primer pago esté cruzada por la opinión pública y asuntos eleccionarios. “Si calculamos que, en el mejor de los casos se promulga en marzo (...) caería en pleno período electoral”, planteó.
En ese contexto, sostuvo: “¿Hay alguna forma de evitar eso?”, apuntando a que “temo, por lado y lado, que esto va a terminar politizado y eso es lo que hay que evitar”.
La postura de Cruz- Coke generó críticas en el oficialismo. La senadora Alejandra Sepúlveda (independiente), expresó que "me parece muy impresentable, porque hoy lo más importante es cómo llegamos lo antes posible con la reforma y que podamos pagar además a los adultos mayores que tienen los 82 años, que lo necesitan de forma urgente".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
AFP
