Esta semana se cierran los diálogos sociales de la reforma de pensiones del gobierno, con los dos últimos encuentros en Ñuble y el Biobío. Tras casi un mes de reuniones en que participaron cerca de 1.000 representantes de trabajadores, empresas y autoridades, el ciclo está ad portas de finalizar para luego ser procesado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que entregará sus conclusiones cerca del 20 de junio.
Sin embargo, el proyecto de pensiones avanza por un camino paralelo. Fuentes cercanas al proceso comentan que la propuesta del Ejecutivo estaría bastante avanzada, y que ya estaría siendo “socializada” con expertos del área previsional, asesores y parlamentarios.
Estaría definido que el 6% del aumento de las cotizaciones iría a un componente de solidaridad, mientras que el 10% restante se destinaría a las cuentas personales.
Ayer la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo en París, Francia, una reunión bilateral con el economista jefe de la Unidad de Pensiones de la OCDE, Pablo Antolin, donde se abordó la reforma.
En el plano local, para esta semana estaría programada una reunión con asesores de parlamentarios de gobierno para entregar más detalles de las ideas matrices de la reforma.
Las ideas que se discuten
Uno de los temas que se debaten en La Moneda es avanzar o no hacia un sistema full público, enviando una parte importante de los aportes nuevos a un fondo solidario de reparto.
Así, estaría definido que el 6% del aumento de las cotizaciones iría a un componente de solidaridad, mientras que el 10% restante se destinaría a las cuentas personales.
Este punto genera debate, pues la propuesta que barajaría el Ejecutivo contemplaría que parte importante del flujo nuevo, incluido parte del 10%, se destine a un nuevo ente estatal.
Incluso, algunos actores postulan “reflotar” la propuesta presentada por senadores de gobierno a la administración anterior, que planteaba la creación de un órgano público que administraría las cuentas individuales, pero con la posibilidad de que los cotizantes puedan trasladar sus fondos a gestores privados, donde podrían operar las AFP.
Esto implicaría una fase de transición de entre uno a dos años, en que podrían coexistir las AFP bajo el D.L. 3.500 vigente y un administrador central único que operaría durante el traspaso hacia el nuevo modelo.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, dio luces de los planes del gobierno el domingo en TVN. Si bien indicó que el sector privado podría participar del futuro sistema, las AFP no tendrán un rol protagónico. Al mismo tiempo, garantizó el mantenimiento de cuentas individuales y la herencia de los fondos.
Según el profesor de Seguridad Social de la Universidad Católica y de la Universidad Diego Portales, Hugo Cifuentes, en esta definición “tienen mucha importancia los acuerdos que se logren en el Congreso, porque de ello depende la evolución a un sistema de pensiones mixto y plenamente de seguridad social en el pilar contributivo obligatorio”.
Conocedores de la propuesta que se ha “socializado” sostienen que aún quedan cabos sueltos, como por ejemplo, el cobro de comisiones por la administración de los nuevos aportes en otra entidad; o la falta de incentivos concretos para evitar la subcotización, considerando que las cuentas nocionales no estarían consideradas y que el fondo colectivo de reparto no conversa con la herencia.
Al respecto, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explica que “la herencia produce una fuerte reacción en la gente, pero es muy de segundo orden en términos de los recursos que involucra. Si se llegara a terminar la herencia, pero no las pensiones de sobrevivencia, las pensiones autofinanciadas aumentarían solo un 5%”, dice.
Para Valdés, esta es una discusión “que las AFP y la derecha han sido muy hábiles en instalar, pero no es el tema de fondo a discutir. Lo que está en el imaginario de la gente es la propiedad de los fondos de pensiones, el miedo al ‘manotazo’ (…) por algo el gobierno está dando señales de mantener las cuentas individuales”, añade.
El resto, dice, será parte de la negociación política. “Depende de cuán armado llegue el proyecto del gobierno. Lo ideal es que entregue una propuesta preconversada, de modo que no necesite partir la negociación con el ‘tejo pasado’”.
Factor plebiscito
Otro factor que se menciona es cómo podría incidir en la agenda el plebiscito de salida de la Constitución.
Según Cifuentes, en la discusión respecto de los cambios en el modelo de AFP, lo probable es que influyan los resultados del 4 de septiembre, al menos en el debate parlamentario. No olvidemos que según se ha informado el proyecto se presentará a fines de agosto”, afirma.
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