El grupo peruano Intercorp comunicó la clausura de 15 de sus tiendas en Lima en menos de una semana a raíz de una fiscalización por parte de la Municipalidad de Miraflores. Entre los locales comerciales cerrados están Cineplanet, Oechsle, Interbank, Vivanda y el famoso restaurante de comida rápida, Bembos.
En su declaración, el conglomerado sostuvo que las acciones sancionadoras carecen de sustento técnico y jurídico, precisando que los establecimientos contaban con los permisos certificados necesarios para operar. Asimismo, manifestaron su sorpresa por la inmediatez de los operativos.
En ese contexto, señalaron que las clausuras se producen mientras existe una controversia contractual ligada al convenio de colaboración social sobre el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla que hizo Miraflores con un Consorcio de cuatro empresas del grupo, liderado por Urbi Propiedades.
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El conflicto se remonta a 2021, cuando Intercorp, grupo empresarial perteneciente a Carlos Rodríguez Pastor, comprometió aproximadamente US$ 6.449 millones para el mejoramiento y la ampliación del servicio deportivo en el complejo. Posteriormente, la municipalidad informó que el proyecto se cerró por problemas del contratista a cargo, sin dar de baja el convenio suscrito, mientras se avanzaba en una declaratoria de interés para convocar a una nueva empresa que remodelara y construyera un auditorio.
Por eso, el 2 de febrero, Urbi Propiedades señaló que “la referida convocatoria resulta ilícita y un acto de incumplimiento del Convenio de Colaboración Social para el Financiamiento del Proyecto”. A esto, agregaron que del total invertido, US$ 6.210 millones ya habían sido desembolsados en las cuentas del fideicomiso administrado por la Municipalidad de Miraflores.
En el comunicado referido al cierre de los locales, Intercorp hizo un llamado a restituir la legítima licencia para operar en el distrito y resolver la situación. Por su parte, distintos gremios empresariales se pronunciaron sobre el impacto que este conflicto podría generar en los trabajadores y en la industria.
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A través de una declaración conjunta, representantes de Micro y pequeñas empresas (MYPE), Pequeños y medianas empresas (PYME) y Grandes compañías a nivel nacional, manifestaron su preocupación por los hechos. Expresaron que toda fiscalización debe realizarse bajo criterios de proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad; que la clausura constituye la medida más severa y que solo debe aplicarse ante incumplimientos graves; y que la seguridad jurídica y normativa son indispensables para el desarrollo de la actividad empresarial.
La Municipalidad de Miraflores, en tanto, negó la información difundida por Intercorp y sostuvo por medio de un comunicado durante febrero realizó más de 250 intervenciones de fiscalización y que 39 negocios del grupo Intercorp fueron inspeccionados, de los cuales 13 fueron clausurados por deficiencias detectadas.
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Asimismo, el municipio indicó que solo dos de las empresas clausuradas iniciaron procesos para subsanar las observaciones, lo que, a su juicio, constituye un reconocimiento de las infracciones. Además, la gobernación local agregó que las inspecciones responden a criterios técnicos y que se ejecutan de forma aleatoria. En esos procedimientos, detallaron, se detectaron problemas críticos en los corredores para evacuación, deficiencias en la protección ante descargas eléctricas, modificaciones de áreas que alteran el plan de seguridad, entre otros. Finalmente, la autoridad descartó que las clausuras estén vinculadas a la controversia contractual.
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