La poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina anunció la jornada de lunes una huelga general de 24 horas para cuando la Cámara de Diputados trate en breve el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Presidente Javier Milei, recientemente aprobada por el Senado.
La medida se votó por unanimidad en una reunión de urgencia del Consejo Directivo de la CGT.
"Es un paro (huelga) reclamado por los mismos trabajadores, con la reforma que se busca introducir se pierden muchos derechos adquiridos", dijo a Reuters un vocero de la central sindical.
La Cámara Alta dio la media aprobación del proyecto el jueves pasado luego que el oficialismo negociara una serie de cambios a la iniciativa original, con el que el Gobierno busca fomentar las inversiones y el empleo formal en la tercera economía de Latinoamérica.
La medida cuenta con la resistencia del opositor peronismo de centroizquierda, que aduce que la medida vulnera los derechos de los trabajadores.
Esta huelga sin movilización llamada por la CGT, la cuarta contra Milei desde que asumió la presidencia en diciembre del 2023, se concretará el día que Diputados discuta el proyecto de reforma laboral, previsto para antes que finalice febrero.
Una fuente de la CGT, central históricamente identificada con el peronismo, señaló a Reuters que se tiene el compromiso de la representación del transporte público de autobuses para adherirse a la medida de fuerza.
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Si bien Milei ha logrado reducir la alta inflación que castigaba al país sudamericano, los sindicatos lo acusan de generar despidos y afectar el poder de compra de los asalariados con el recorte del gasto público y con el mayor ritmo de importaciones.
La CGT es una representación multisectorial, destacándose gremios de estatales, construcción, comercio, camioneros y metalúrgicos, entre otros.
El oficialismo argentino, que no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, debió introducir cambios en el proyecto laboral para seducir a la oposición "dialoguista".
La huelga "de la CGT es una decisión de los gremios de no querer generar trabajo", confió una fuente del Gobierno, quién reconoció que se analizan "las distintas variantes para cambiar el artículo relacionado con reducción salarial, ante el caso de enfermedad del trabajador".
El proyecto flexibiliza las condiciones de contratación, modifica el esquema de indemnizaciones por despido reduciendo la base de cálculo, cambia el régimen de vacaciones y establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria, además de establecer limitaciones al derecho a huelga y modificar el pago de las "horas extra".
También busca incentivar el trabajo formal, en un país con un 40% de informalidad, y reducir los juicios por despidos, que los empresarios consideran un freno para contratar empleados, mediante una serie de incentivos impositivos.
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