Desde las dos de la tarde de este jueves 19 de febrero, el Gobierno del Presidente Javier Milei ha estado intentando conseguir el quórum necesario para tratar la ley de modernización laboral, proyecto que la semana pasada fue aprobado por el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra.
Pese a que su aprobación significó una nueva victoria para el Ejecutivo tras el resultados de las elecciones legislativas de octubre pasado, desde el inicio, sindicatos y legisladores del peronismo se han expresado en contra de la reforma, calificándola de regresiva en término de derechos.
Y es la jornada abrió con una movilización por parte de los gremios que prometió “paralizar el país” con el objetivo de impedir el tratamiento de la iniciativa y desarticular la norma de tal manera que su aplicación sea marginal.
No obstante, el mismo proyecto no ha estado ajeno a cambios de última hora, pues en la misma Cámara Alta, el oficialismo tuvo que dar a torcer su brazo con una serie de medidas que, tras bambalinas, se dice que fueron acordadas con gremios sindicales.
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El proyecto llega a la Cámara Baja con menos incertidumbre que al Senado, pero con muchos puntos que, desde la mirada sindical, aún limitan la acción gremial.
Uno de sus puntos centrales es el regreso de los tickets canasta -también conocidos como Luncheon tickets-, los cuales en su momento, fueron habilitados como beneficios sociales “no remunerativos”, es decir, sin aportes previsionales ni incidencia en aguinaldo o indemnizaciones.
Dicho esquema fue presentado como una forma de incentivar el consumo y reducir cargas laborales, pero con el tiempo se transformó en una vía para desalarizar parte de los ingresos.
El Gobierno argumentó que un sistema de vales alimentarios “actualizado y transparente” podría incentivar la formalización laboral y mejorar el acceso a bienes básicos sin impactar en el costo empresario directo.
Los sindicatos, en cambio, temen que se repita un esquema de segmentación salarial y reducción de derechos adquiridos.
A ello se suma los límites a la actividad sindical, donde la mera realización de una asamblea de trabajadores será regulada. Es decir, una vez que se reconozca que la asociación gremial legalmente puede realizar actividades, lo deberá hacer“siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa ni cause perjuicio a terceros”.
Si esa actividad se realiza dentro o fuera del establecimiento del empleador, “deberá contarse con su autorización previa, tanto respecto donde se realizará el horario y el tiempo de su duración”. A ello, se agrega el punto más crítico, que establece que los trabajadores que participen de este tipo de actividades, no podrán percibir sus salarios.
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Asimismo, el proyecto oficial amplía el margen de otorgamiento y habilita fraccionar las vacaciones en bloques de una semana como mínimo, permitiendo un uso más escalonado del descanso.
La propuesta oficial plantea que esta flexibilidad permitirá adaptar mejor los períodos de descanso a la dinámica productiva, especialmente en actividades con estacionalidad marcada.
Permitiría, por ejemplo, que una empresa ofrezca vacaciones divididas en dos o más tramos, facilitando la operatividad organizacional sin detener la producción tradicional de verano.
Por otra parte, están las indemnizaciones en cuotas. En el proyecto original, el empleador quedaba facultado a abonar la indemnización por despido en un plan de hasta doce cuotas mensuales.
Sin embargo, la nueva norma posibilitaría “el importe de la indemnización mediante pago único o en cuotas, conforme lo acuerden las partes.”
“En caso de pactarse el pago en cuotas, el acuerdo deberá establecer el número de cuotas y su forma de actualización, garantizando la intangibilidad del crédito del trabajado”.
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Hoy, la Ley de Contrato de Trabajo exige que la indemnización se pague en forma íntegra y dentro de los cuatro días hábiles posteriores al despido. Si el empleador incumple ese plazo, comienzan a correr intereses y se habilita el reclamo judicial.
Otro de los puntos que genera mayor atención es el cambio en el período de prueba laboral, modificación que impacta directamente en el inicio de la relación entre empleadores y trabajadores.
En la legislación vigente, el período de prueba es de seis meses. Durante ese lapso, cualquiera de las partes puede extinguir la relación laboral sin expresión de causa y sin derecho a indemnización, aunque con obligación de preaviso y con todos los derechos laborales básicos vigentes.
Sin embargo, la sanción del Senado incluye un cambio sustancial para los trabajadores de casas particulares, pues establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se considerará celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia, duplicando el plazo actual de tres meses.
Además, incorpora una diferenciación sectorial relevante: para los trabajadores agrarios, el período de prueba se extenderá a ocho meses.
Durante ese lapso, el empleador podrá despedir sin indemnización y sin expresión de causa, pero se mantiene la prohibición de utilizar más de una vez el período de prueba con un mismo trabajador.
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