Este jueves Nicolás Maduro, exlíder de Venezuela, volverá a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para su segunda audiencia, luego de haber sido capturado en enero por fuerzas especiales de Estados Unidos. El exmandatario -que se declaró no culpable en su primera comparecencia- enfrenta cargos por narcoterrorismo y delitos relacionados con armas.
La ausencia del sucesor de Hugo Chávez y la llegada de Delcy Rodríguez al liderazgo de la nación caribeña han traído consigo una serie de cambios en la nación caribeña, orientados a reactivar la economía -sobre todo su industria petrolera- tanto por las reformas internas que apuntan a una mayor apertura al capital extranjero, como por una flexibilización parcial de las sanciones por parte de Washington.
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Nueva Ley de Hidrocarburos
El sector petrolero venezolano fue nacionalizado en 1976 durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo que dio origen a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que durante décadas se consolidó como el principal motor económico del país.
Sin embargo, con el paso de los años -y especialmente tras la llegada del chavismo al poder-, la industria sufrió un deterioro sostenido que no ha logrado revertirse para alcanzar los más de 3 millones de barriles diarios (mbd) que producía hacia 1998.
En este escenario, a inicios de febrero el Parlamento venezolano aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos destinada a redefinir el rol del Estado en el sector y abrir la puerta a una mayor participación de empresas privadas y extranjeras en actividades clave de la industria.
Específicamente, la nueva reforma derogó la norma que otorgaba a PDVSA el control exclusivo de exploración, extracción, transporte, comercialización, exportación y almacenamiento de hidrocarburos. A su vez, autorizó al Estado a firmar contratos para ejecutar actividades primarias como exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento con empresas privadas, estableciendo -eso sí- que éstas asumirán dichas tareas a su propio costo, cuenta y riesgo, previa demostración de capacidad financiera y técnica.
La reforma pretende “brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas en el país”, indicó Rodríguez al momento de aprobarse la reforma.
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Retorno de grandes petroleras
Por otra parte, EEUU impuso una serie de sanciones financieras y petroleras contra Venezuela a partir de 2017, que incluyeron la prohibición de transacciones entre personas y empresas estadounidenses con PDVSA, el congelamiento de activos del Gobierno venezolano en territorio estadounidense -entre ellos Citgo- y restricciones al acceso a financiamiento internacional.
Sin embargo, en los últimos meses Washington ha comenzado a flexibilizar parte de estas restricciones, un giro acelerado tras los hechos ocurridos en enero.
La administración de Donald Trump no solo declaró en primera instancia que la industria petrolera invertiría al menos US$ 100.000 millones para reconstruir el sector energético de Venezuela, sino que también emitió licencias para permitir que compañías petroleras occidentales pudiesen operar en el país latinoamericano.
Concretamente, se permitió a empresas como BP PLC, Chevron, Eni, Repsol y Shell participar en contratos y transacciones de petróleo y gas con PDVSA y sus filiales. Si bien Chevron ya operaba en Venezuela con una licencia restringida, la medida le permitió ampliar sus operaciones.
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Cifras mejoran en medio de dudas
Los cambios ya están quedando plasmados en cifras. Según datos gubernamentales presentados este miércoles por Rodríguez en una conferencia virtual celebrada en Miami, en lo que va de marzo la producción petrolera ya alcanzó los 1,1 millones barriles diarios, un incremento sustantivo en relación a los 942.000 registrados en todo enero.
Pese a esto, varias compañías petroleras mantienen cautela. El CEO de Shell, Wael Sawan, afirmó este martes que la compañía podría tomar decisiones de inversión para “uno o dos” proyectos energéticos en Venezuela antes de que finalice el año, siempre y cuando reciba las garantías legales y financieras pertinentes, según lo consignado por Financial Times.
Al mismo tiempo, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, señaló -de acuerdo a lo recogido por Wall Street Journal- que, pese a que la compañía incrementó producción petrolera en Venezuela a principios de este año, las grandes inversiones en el país requerirán de más cambios en su legislación.
Existe “incertidumbre en la ley que, en mi opinión, podría reforzarse”, declaró Wirth en una conferencia energética S&P Global CERAWeek, donde también añadió que se necesitarían decenas de miles de millones de dólares en inversiones para que la producción petrolera venezolana alcance los niveles de hace una década.
Para Luis Pacheco, experto en energía del Baker Institute de la Universidad de Rice, el intento de suavizar las sanciones para atraer inversiones, no tendrá efectos significativos a largo plazo “sin un cambio político” que permita atraer “las inversiones que de verdad se requieren para recuperar la industria”.
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