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Alto contrasteReforma educacional, ¿expropiatoria?
Señor Director:
Teniendo en consideración los tres ejes fundamentales de la Reforma Educacional en Chile, que son: dejar de entregar recursos públicos a los establecimientos que lucran; terminar gradualmente con el financiamiento compartido y finalmente prohibir la selección en todos los establecimientos que reciben fondos del Estado, constituyen el tridente para el inicio de estas propuestas.
También está absolutamente claro las alternativas con las cuales se encontrará el dueño de un colegio que cuente con subvención del Estado. Él podrá elegir convertirse en una fundación o corporación sin fines de lucro percibiendo por su administración del colegio una remuneración, transformándose en un agente público y pierde su autonomía en la gestión y controlado por el Estado o bien podrá elegir transformarse en un colegio particular pagado y si esas alternativas no son de su agrado podrá o deberá permitir que el Estado le compre su infraestructura.
Ahora bien, la compra de inmueble no es el corazón de la reforma educacional, pero necesitará una gran cantidad de recursos para financiar estas adquisiciones, situación que nunca el programa de gobierno difundió.
Mi pregunta apunta a ¿qué ocurriría si ningún propietario está dispuesto a vender sus instalaciones? De ser así, el Estado podría invocar la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones y de poder ejercer este derecho los peritos tasadores asignarán el precio justo. Finalmente, quisiera preguntar ¿se ha considerado en la Reforma Tributaria un presupuesto para compensar el lucro cesante por los ingresos que dejarán de percibir estos propietarios? Recordemos en primer lugar que es la propia Constitución a través del Art. 19 Nº 21 que permite y garantiza el emprendimiento de cualquier actividad económica en nuestro país y, en segundo lugar, todos estos emprendimientos se ajustan a la Ley de Educación que permitió su ingreso a esta actividad de enseñanza.
José Luis Franco Montaña, Rector Santo Tomás Chillán
Impuestos
Señor Director:
Hace unos días se dio a conocer los resultados de la encuesta nacional bicentenario UC-Adimark 2014 en la cual los chilenos manifiestan que el impuesto más injusto es el de la bencina y un 28% afirma que no paga ningún impuesto (ignorando el IVA).
Este drama cultural no hace más que enorgullecer sigilosamente a algunos demagogos políticos que al venir las elecciones tienden a iniciar promesas materiales, sin decir que el dinero usado corresponde al de todos los chilenos, emprendedores populares, dueñas de casa, jóvenes y niños. Así, un 43% ha señalado que le molesta la forma en que el gobierno despilfarra recursos.
Si vamos desmenuzando, lo que significa para una familia que recibe un ingreso mensual de $ 250.000 que destina un 17,7% en alimento: esta familia está condenada a pagar impuesto al consumo de $ 8.408 que podría destinar para comprar pan durante dos semanas. Podrán decir algunos que es un pago menor, pero lo preocupante es que para las personas de ingresos más bajos tiene un fuerte impacto.
Presionemos a nuestros legisladores para incluir en boletas el valor desagregado de este impuesto y otros más -bienes raíces, contribuciones, impuesto a la renta, global complementario-, dado que muchos son disfrazados para que las personas no logren dimensionar su contribución al poder político, quienes financian el Transantiago y otras "grandes ideas" del gobierno central.
Andrés Barrientos, Director Ciudadano Austral
Obligar y obligar
Señor Director:
A la fecha tenemos que (se debate) que las radios estén obligadas a programar 20% de música chilena, en estudio la vuelta del voto obligatorio... Una buena idea sería obligar a vestir un 38% de ropa hecha en Chile, ya que toda la que hay es "Made in China" y luego los zapatos, las comidas, las películas, los libros, encomendarse a un porcentaje obligado de santos chilenos, etc. Como decía un viejo relator deportivo, "esto recién comienza señores".
Luis Enrique Soler Milla
